PEKÍN.- Una reforma de bienes
raíces, que acaba de ser adoptada en China, aborda una de las mayores
fuentes de reproches hacia el régimen comunista, que desposeyó de sus
tierras a miles de campesinos o los expulsó de lugares donde se ganaban
la vida.
El espectacular despegue económico de China en estos
últimos 40 años se hizo en parte en detrimento de agricultores que
tuvieron que ceder sus tierras, a veces sin compensación, a los
promotores inmobiliarios, a los industriales o a proyectos de
infraestructuras.
"Las disputas sobre tierras representan cerca de la mitad
de los movimientos sociales producidos en China cada año", después de
los conflictos laborales, estima la abogada Ni Yulan, que defiende los
derechos de los pequeños propietarios en la inmensa municipalidad de
Pekín.
Esa actividad le ha valido la cárcel a la abogada Ni, donde
fue golpeada, lo que le causó según ella la parálisis de las dos
piernas.
Su casa en Pekín fue derribada por orden de las
autoridades en 2008. Pero ella nunca pudo actuar ante la justicia porque
los tribunales son cómplices con el poder, acusa su marido Dong Jiqin.
Para
reducir las tensiones, el régimen del presidente Xi Jinping hizo
adoptar a fines de mayo por el parlamento una primera versión china de
un Código Civil. El texto restringe la interpretación del "interés
público" para prevenir las expropiaciones abusivas.
"Por primera
vez, el Código Civil impone un sistema jurídico completo", explica el
jurista Liu Qiao, de la Universidad municipal de Hong Kong, lo que
"debería reducir el riesgo de injerencia política".
También
garantiza la independencia de los jueces, aunque éstos quedan bajo el
control del poder, en un país donde el papel dirigente del Partido
Comunista está inscrito en la Constitución.
En efecto, el código, que entrará en vigor el 1 de enero, no prevé sanciones para los autores de expropiaciones ilegales.
De
2005 a 2015, entre 100.000 y 500.000 agricultores fueron desposeídos de
sus tierras por las colectividades locales, en violación de las normas
de bienes raíces nacionales, según un estudio de Qiao Shitong, profesor
de derecho de la Universidad de Hong Kong.
En
China, solo el Estado o las colectividades pueden poseer tierras. Los
particulares y las empresas solamente pueden adquirir el derecho a
utilizar un terreno por una duración máxima de 70 años.
El nuevo
código aclara por primera vez lo que ocurre al propietario de bienes
raíces al cabo de 70 años: su título de propiedad es automáticamente
prorrogado, pero el texto no precisa si esta renovación es gratuita o
mediante pago.
Esta aclaración dará sin embargo "gran confianza"
al mercado inmobiliario, según el analista del sector Dong Jizhou, del
grupo financiero Huatai.
En lo que respecta a los que alquilan, éstos tienen muy pocos derechos ante los omnipotentes propietarios.
Tal
fue el caso de Han Bingxing, que alquila un apartamento en una
residencia de alto nivel en Pekín. La inquilina se quedó sin agua en
marzo, en plena pandemia del coronavirus, tras un retraso en el pago de
alquiler de solamente dos semanas.
"Perdí mi trabajo en febrero, y había pedido un poco más
de tiempo a mi propietaria", relata esta mujer de 26 años, que
trabaja en la publicidad.
Cortar el agua "era la señal indudable de que quería expulsarme", agrega.
La
práctica es habitual en algunos propietarios que no dudan a veces en
enviar a individuos amenazantes para que se vayan los inquilinos
indeseables.
A partir de ahora, el Código Civil prohíbe cortar el
agua o la electricidad a inquilinos que tengan retraso en el pago de sus
alquileres.
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