MADRID.- La Audiencia Nacional española juzga desde mañana lunes al excoronel y
exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano por su presunta
participación en "la decisión, diseño o ejecución" del asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989 en El Salvador, hechos por los que se enfrenta a 150 años de cárcel.
La fecha para este juicio estaba ya señalada antes de que se
decretará el estado de alarma el 14 de marzo y finalmente se ha
mantenido, fundamentalmente porque el ya septuagenario Montano se
encuentra preso desde 2017 y su prisión provisional ha sido prorrogada hace unos meses, por lo que urge sentarle en el banquillo.
La Sala tiene fijadas 10 sesiones de juicio repartidas entre el 8 de
junio y el 16 de julio, calendario que en principio no ha sufrido
alteraciones.
El excoronel será el primer militar salvadoreño que
responderá ante la Justicia española por el asesinato de esos cinco
jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, entonces rector de la
Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la
Liberación.
Junto a él se sentará en el banquillo René Yusshy Mendoza, quien
fuera teniente del ejército de la República de El Salvador destinado en
la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios y miembro del
batallón Atlácatl, ejecutor de los asesinatos.
Para este acusado, la Fiscalía pide no obstante una pena de un año
por cada uno de los cinco asesinatos, al aplicarle la eximente
incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por
haberse ofrecido a reparar el daño.
Según la Fiscalía, ambos "participaron en la decisión, diseño o ejecución" del asesinato,
el 16 de noviembre de 1989, del entonces rector la Universidad
Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo
Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.
También asesinaron junto a ellos a los salvadoreños Joaquín López
(sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad Julia Elba y su
hija menor Celina Mariceth Ramos.
"Los procesados, junto con terceras personas no investigadas en el
presente procedimiento, constituyeron dentro del Estado de El Salvador,
una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró
gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la
población a través de ejecuciones de civiles, desapariciones
forzadas...", destaca la Fiscalía.
Según su relato, el año 1989, cuando se produjo el crimen, "fue
el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador" al alterar
los resultados de las elecciones "de forma irrevocable el panorama
político del país".
En esta situación, "los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo" para negociar una salida dialogada al conflicto armado.
Según la Fiscalía, "era el único intermediario que hablaba con todas
las partes y actuaba de puente entre el presidente (Alfredo) Cristiani y
los rebeldes", lo que lo convirtió en "objetivo de los militantes de la
extrema derecha", que culpaban a la Iglesia de formar parte "de una
conspiración comunista internacional".
En este contexto, el 15 de noviembre, "el Alto Mando y otros líderes
militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona (
una asociación de 20 oficiales que ocupaban las posiciones claves del
ejército y del gobierno), decidieron proceder con las ejecuciones de los
jesuitas".
Montano permaneció dos años detenido en EE.UU. hasta su entrega a España el 29 de noviembre de 2017 y tras comparecer ante el juez en silla de ruedas y alegar motivos de salud para evitar ir a la cárcel, se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio.
La Audiencia Nacional procesó a una veintena de exmilitares
salvadoreños por la matanza de jesuitas, pero las autoridades de ese
país ignoraron las órdenes de extradición, por lo que hasta ahora
Montano, al haber sido detenido en EEUU, es el único que ha podido ser
puesto a disposición de la Justicia española.
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