BUDAPEST.- Más de 2.000 húngaros entre los que se encontraban familias romaníes y
grupos por los derechos civiles, marcharon hacia Parlamento del país el
domingo para protestar contra la negativa del gobierno a pagar una
indemnización a los niños gitanos que han sido segregados de forma
ilegal en una escuela del este de Hungría.
El primer ministro del país, el derechista Viktor Orbán, quien con
anterioridad ha sido objeto de críticas de la Unión Europea por su
supuesta erosión del Estado de Derecho, sugirió que el Estado debería
desobedecer las órdenes judiciales de pagar una indemnización a los
niños romaníes de la aldea de Gyongyospata y ofrecerles en su lugar
formación.
Varios tribunales han ordenado al Estado que pague
una indemnización por daños y perjuicios en un proceso que se ha
prolongado durante casi un decenio. El tribunal superior de Hungría debe
tomar una decisión final pronto.
Con la desaceleración de la
economía y la pérdida de fuerza de su campaña antiinmigración, los
analistas dicen que Orbán está tratando de movilizar a sus votantes
poniendo el foco en los tribunales independientes, a la minoría romaní y
a las ONG que los ayudan.
“La intromisión del Gobierno en el
asunto de las indemnizaciones en Gyongyospata es ilegal y viola el
Estado de Derecho y la independencia de los tribunales”, dijeron los
organizadores de la protesta en Facebook.
Los manifestantes
sostenían pancartas que decían “Nadie está por encima de la ley” y “El
futuro no puede construirse sobre el odio”.
Orbán lleva en el poder desde 2010, mientras que su partido, Fidesz,
encabeza las encuestas de opinión por su postura antiinmigración.
Sin
embargo, Fidesz sufrió un inesperado revés en las elecciones
municipales del pasado mes de octubre, al perder Budapest frente a la
oposición.
Orbán ha dicho que “un fallo judicial que cita la
segregación ha agitado la opinión pública al conceder grandes sumas de
dinero a algunos residentes romaníes”, añadiendo que todo el mundo debe
trabajar para recibir dinero.
También ha dicho que “abogados
curtidos en los negocios” se aprovecharon de las condiciones de
hacinamiento en las cárceles húngaras para dar curso a 12.000 demandas
contra el Gobierno por infringir las normas penitenciarias de la UE.
Varios abogados han dicho que Orbán está socavando el Estado de Derecho.
Fidesz ha afirmado que personas vinculadas al multimillonario de
origen húngaro George Soros ayudaron a los romaníes a presentar las
demandas. El partido ha hecho campaña durante años contra Soros, que
promueve las causas liberales.
El domingo, cerca de 500
psicólogos firmaron un alegato en el que se sostiene que la campaña del
Gobierno podría alimentar el odio entre los gitanos y los no gitanos.
Los gitanos representan entre el 5% y el 7% de la población de Hungría.
Robert Laszlo, analista del centro de estudios liberal Political
Capital, dijo que Orbán está tratando de revigorizar sus bases con su
nueva campaña.
La misma incluirá una “consulta nacional” el
próximo mes en la que se enviarán cuestionarios a millones de húngaros
sobre los pagos a gitanos y las compensaciones a prisioneros.
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