SANTIAGO.- La
campaña política para el crucial plebiscito del 26 de abril en el que
los chilenos decidirán si reemplazan la Constitución promulgada en 1980
durante la dictadura militar comenzó este miércoles entre llamados de
las autoridades a los partidos a ser "austeros" y "respetuosos" con las
opiniones contrarias.
Los
partidos políticos, muy desprestigiados en la sociedad chilena, pueden
desde este miércoles divulgar propaganda casa por casa, en la calle, en
redes sociales, en la prensa escrita o en la radio, pero no en la
televisión, donde los anuncios solo están permitidos un mes antes del
referéndum.
El
presidente del Servicio Electoral de Chile (Servel), Patricio
Santamaría, pidió en una rueda de prensa que la campaña sea "lo más
austera posible" porque "más que el dinero, lo que importe son las
ideas, la reflexión, el debate respetuoso, con amistad cívica".
"Tenemos
la oportunidad histórica de resolver un tema tan relevante como contar o
no con una nueva Constitución", agregó, tras mantener una reunión con
el presidente Sebastián Piñera, que ha ordenado a sus ministros no
posicionarse sobre el proceso y limitarse a alentar la participación,
muy diezmada en las últimas elecciones presidenciales.
Se
trata del plebiscito más importante y el que más ha polarizado a la
sociedad chilena desde aquel que en 1988 puso fin al régimen de Augusto
Pinochet (1973-1990) y en el que la propaganda televisiva jugó un papel
determinante para el triunfo del "No" con el 55,9 % de los votos.
"Como
cualquier familia chilena, estamos divididos entre el apruebo y el
rechazo", reconoció en rueda de prensa Mario Desbordes, presidente de
Renovación Nacional (PR), el partido de Piñera y donde los militantes
tienen libertad de acción para hacer campaña por las dos opciones.
El
plebiscito es la principal apuesta del mandatario para desactivar la
grave crisis que vive el país desde octubre pasado, con una treintena de
fallecidos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema
y acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los
derechos humanos.
Todos
los sondeos apuntan a que arrasará la opción del "apruebo", pero sus
defensores piden no confiarse y los expertos auguran que será una
campaña muy crispada y polarizada. Según el último informe de la
consultora Cadem, el 67 % de la población está a favor de una nueva
Constitución, frente a un 27 % que se manifiesta en contra.
"Los
dirigentes deberían hacer un esfuerzo, esto no es una elección
presidencial. Se trata más bien de buscar acuerdos que den garantías de
equidad y justicia a todos los sectores políticos en el largo plazo",
apuntó recientemente Claudia Heiss, académica del Instituto de
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
La
oposición de centro-izquierda e izquierdas es partidaria en bloque del
cambio constitucional, aunque no hará campaña de manera conjunta como sí
lo hizo en 1988, algo que los expertos creen que podría restarle votos.
El
presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, aseguró
este miércoles en rueda de prensa que los mensajes que promoverá su
formación serán "constructivos" y alejados de "la campaña de
desinformación y de temor" de los sectores más duros de la colación
oficialista, integrada por cuatro partidos de centro-derecha y derecha.
"Es
hora de dejar las cadenas de la constitución de Pinochet", agregó por
su parte en Twitter la coordinadora de la campaña en el opositor Partido
Demócrata Cristiano (DC), Carmen Hertz.
La
derechista y oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI) es el
principal enemigo del proceso constituyente y aboga por seguir
reformando la actual Constitución, reformada en más de 40 ocasiones
durante la democracia y vista por gran parte de la sociedad como el
origen de la gran desigualdad que afecta al país por su corte
neoliberal.
Los
chilenos tendrán que decidir también en abril qué órgano sería el
encargado de redactar el eventual nuevo texto: una asamblea formada solo
por ciudadanos electos o integrada también por parlamentarios.
Si
el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se
realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y
municipales, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo
de un año- se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.
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