BRASILIA.- Fiscales brasileños
acusaron este martes de homicidio voluntario a 16 funcionarios y
exfuncionarios del grupo minero Vale y de la firma alemana TÜV SÜD, por
ocultar los riesgos del dique que hace un año se derrumbó en Brumadinho
(sudeste) causando 270 muertos.
Las dos empresas fueron acusadas
por otra parte de "crímenes ambientales", precisó el promotor William
Garcia Pinto Coelho, del Ministerio Público de Minas Gerais (MPMG), en
una conferencia de prensa en Belo Horizonte.
Entre los denunciados figura Fábio Schvartsman,
expresidente de Vale, que "actuó directamente para crear la falsa
impresión de plena seguridad en los diques" del mayor productor mundial
de mineral de hierro, en complicidad con TÜV SÜD, a cargo de las
auditorías de riesgo, indicó Pinto Coelho.
TÜV SÜD emitió
"declaraciones de estabilidad falsas, con el objetivo de servir de
escudo para que las actividades de Vale permaneciesen subrepticiamente
arriesgadas"; "el objetivo de esas omisiones era evitar impactos
negativos en la reputación de Vale, que pudiesen afectar su valor en el
mercado", agregó.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) había
indicado en noviembre que Vale estaba al tanto de problemas en el
sistema de drenaje instalado siete meses antes del desastre.
Pero,
según la Fiscalía, ese ocultamiento deliberado "perduró por lo menos
desde noviembre de 2017 hasta el 25 de enero de 2019", cuando la rotura
de un dique del complejo minero Córrego do Feijao, en el municipio de
Brumadinho, generó una marea de lodo que arrasó con todo lo que halló a
su paso y dejó 270 muertos.
Entre las víctimas hay aún 11 desaparecidos, cuya búsqueda prosigue hasta hoy día.
Las
acciones de Vale perdieron 2,32% al cierre de la Bolsa de Sao Paulo,
donde fueron las más negociadas. El índice Ibovespa, principal indicador
de la bolsa paulista, concluyó la jornada con un retroceso de 1,54%.
Vale
tenía una "'caja negra' de informaciones sobre las estructuras" en
riesgo, con un "top 10 de las represas en situación inaceptable", entre
las que se hallaba la de Brumadinho, dijo Pinto Coelho.
En un
comunicado, la empresa brasileña expresó su "perplejidad frente a las
acusaciones de dolo" [intención deliberada de cometer un delito] y
afirmó que es "prematuro" apuntar que hubo una "asunción de riesgo
consciente para provocar una deliberada ruptura del dique".
TÜV
SÜD reiteró por su parte "su compromiso con el esclarecimiento de los
hechos" y su disposición a "seguir ofreciendo su cooperación con las
autoridades e instituciones de Brasil y Alemania".
Un mes después
de la tragedia, Minas Gerais aprobó una ley "Mar de lodo nunca más", que
endurece las condiciones de obtención de licencias para actividades
mineras.
Vale procedió por su lado a inhabilitar los diques
construidos con la técnica de montante, similar a la de Brumadinho,
consistente en alzar el nivel de las represas utilizando sus propios
residuos almacenados.
Las acusaciones de "homicidio doloso"
(voluntario) son pasibles de penas de 12 a 30 años de cárcel, dijo el
fiscal Pinto Coelho. Las de "crímenes ambientales" son castigadas con
"penas menores", agregó, sin datallar.
Esta fue la segunda gran
tragedia provocada por la rotura de un dique minero en menos de cuatro
años en Brasil, después de la de Mariana (Minas Gerais) en noviembre de
2015, que dejó 19 muertos y provocó el mayor desastre ambiental de la
historia del país. Ese dique era propiedad de Samarco, una empresa
conjunta de Vale y la angloaustraliana BHP.
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