SANTIAGO.- La
Cámara de Diputados de Chile comenzó este martes la discusión del
proyecto anunciado por el Gobierno para reformar el criticado sistema de
pensiones que implica un incremento del 6 % de las cotizaciones, con
cargo al empleador.
"Estas
indicaciones surgen de un diálogo abierto entre todos los sectores
políticos y recoge la mirada de la ciudadanía", dijo a los periodistas
la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, minutos antes de
presentarle la iniciativa a los legisladores.
La
propuesta establece que un 3 % del incremento de la cotización irá a la
cuenta de ahorro individual del trabajador, junto con el 10 % actual,
mientras que el otro 3 % se destinará a un fondo público solidario.
El
denominado Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario, que es otra de las
novedades del proyecto, sumará un pilar de ahorro colectivo al modelo
chileno para entregar "un aporte adicional a los jubilados actuales y
futuros y beneficiará de manera especial a las mujeres, la clase media y
los adultos mayores con dependencia severa", explicó, el conservador
Sebastián Piñera, durante el anuncio de la reforma el pasado 15 de
enero.
El
proyecto de ley abre la puerta además a que "nuevas instituciones"
gestionen los fondos, gestionados en la actualidad exclusivamente por
las AFP (Administración de Fondos de pensiones), empresas privadas que
obtienen beneficios millonarios tras invertir los fondos en los mercados
y que son muy criticadas por las bajas pensiones que pagan.
Ideado
por José Piñera, uno de los hermanos del actual mandatario, e
instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el
sistema de pensiones chileno tiene como pilar básico el ahorro
individual obligatorio y cada trabajador aporta un 10 % mensual de su
sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer
cuando se jubila.
El
promedio de la pensión mensual pagada en agosto del año pasado por las
AFP fue de unos 220 dólares, la mitad del actual salario mínimo.
Según
la encuesta Cadem publicada este lunes, un 93 % de los chilenos ve
necesario modificar el sistema previsional de pensiones, pero solo el 31
% coincide con la reforma propuesta por Piñera.
La
transición hacia un modelo más solidario es uno de las principales
demandas del estallido social que vive el país desde octubre, que es el
más grave desde el retorno de la democracia hace tres décadas y que ya
se ha cobrado la vida de al menos 27 personas.
Las
manifestaciones, que comenzaron en respuesta a un aumento en la tarifa
del metro y se convirtieron en un clamor contra la desigualdad, han
perdido fuerza, pero sigue existiendo descontento en las calles y la
crisis parece lejos de solucionarse, pese a otras medidas sociales
anunciadas por el Gobierno y al plebiscito sobre una nueva Constitución.
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