SANTIAGO.- La
reforma previsional presentada el miércoles por el presidente
multimillonario de Chile reconoce un hecho incómodo para su
administración: por sí solo, el libre mercado no resolverá la crisis en
un sistema diseñado por los Chicago boys.
El
presidente, Sebastián Piñera, propone que la mitad de los nuevos pagos
realizados por empleadores se destine a un sistema de seguridad social
para ayudar a los pobres y a la clase media, a diferencia de las cuentas
de ahorro individuales.
“Nos
dimos cuenta de que el ahorro individual no era suficiente, no solo
para las personas más vulnerables, sino también para muchas personas de
clase media”, dijo la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José
Zaldívar, en una entrevista en el programa de radio Pauta Bloomberg el
viernes. “La gente de clase media no ha tenido ningún tipo de ayuda por
parte del Estado”.
El
proyecto de ley fue presentado tras meses de violentas protestas por la
desigualdad, y los manifestantes exigieron mejores pensiones, atención
médica y educación. El gobierno se ha visto obligado a aumentar el gasto
y ampliar el déficit fiscal, algo que se había comprometido a no hacer.
Ahora, también tendrá que financiar gran parte del aumento de las
pensiones durante un período de transición al nuevo sistema, dijo
Zaldívar.
Las
administradoras de fondos de pensiones, conocidas como AFP, gestionan
cerca de 200.000 millones de dólares en activos y se han convertido en actores
clave en los mercados de capitales locales. El sistema se estableció en
1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, por consejo de economistas
de libre mercado conocidos como los Chicago boys.
Desde
2008, los más pobres han recibido cierta ayuda del Estado en forma de
pagos mensuales de aproximadamente 200 dólares, pero para la clase media, que
es más grande, no se veía ayuda en ninguna parte.
Según
las propuestas de Piñera, los trabajadores continuarán pagando 10% de
sus salarios en una cuenta de ahorro individual, mientras que
empleadores realizan un pago adicional de 6%. El Estado creará una
entidad pública para recaudar fondos de los empleadores y asignará la
mitad de eso a cuentas individuales administradas por el Estado. El
resto irá a un fondo de solidaridad que pagará pensiones a las familias
de bajos ingresos al momento de la jubilación.
Al
principio, el gobierno pagará una cantidad aún no determinada
directamente al fondo de solidaridad hasta que los pagos de los
empleadores alcancen el 6% completo, dijo Zaldívar. Tampoco cobrará
ninguna comisión por administrar las cuentas individuales.
La
ministra dijo que confía en que la reforma previsional será aprobada
entre marzo y abril, ya que la propuesta incorpora sugerencias de la
oposición.
El
proyecto de ley también introduce más competencia para las AFP y las
obligará a devolver parte de las comisiones que cobran a los clientes
cuando sus fondos tienen rendimientos negativos, lo que, según algunos
analistas, podría conducir a estrategias de inversión más conservadoras y
menores ahorros.
“No
miraremos las rentabilidades mes a mes, porque sabemos que pueden haber
fluctuaciones en el corto plazo”, dijo Zaldivar.
“Analizaremos en
horizontes de tiempo más largos” de aproximadamente 12 meses.
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