MÉXICO.-
El gobierno de México está considerando una revisión del procedimiento
de justicia penal en casos de derecho tributario que ampliaría
enormemente los poderes de los fiscales, incluida la autorización para
monitorear llamadas telefónicas y correos electrónicos, según un
borrador de la legislación.
El
proyecto de ley eliminaría una prohibición constitucional contra la
vigilancia de comunicaciones privadas en investigaciones fiscales, así
como en casos relacionados con delitos electorales, según el borrador.
Ese cambio constitucional requeriría una mayoría de dos tercios en el
Congreso y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
Permitiría
igualmente a jueces considerar evidencia obtenida ilegalmente y a las
autoridades detener a personas por hasta 40 días antes de presentar
cargos. Ese poder se limita actualmente solo a casos de crimen
organizado.
El
gobierno ha dicho que planea modificar ampliamente el sistema de
justicia penal del país después de que la tasa de asesinatos en México
alcanzara un récord el año pasado y dado que el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, presiona a México para que aplique mano dura a los
carteles de la droga.
Un
funcionario del gobierno, que solicitó el anonimato porque no está
autorizado a hablar con la prensa, confirmó que el documento era un borrador oficial. Un portavoz de la Fiscalía
General no hizo comentarios sobre el borrador y dijo que el proyecto de
ley oficial se presentaría a principios de febrero.
El
fiscal general de México debía presentar el proyecto de ley de reforma
del procedimiento penal a los diputados el miércoles, pero la
presentación fue pospuesta. Versiones del proyecto de ley se filtraron a
los medios a principios de semana y grupos mexicanos de derechos
humanos se quejaron de que la aprobación en su forma actual podría
conducir a abusos por parte de las autoridades.
Roberto
Gil, abogado y antiguo diputado del Partido Acción Nacional de
centroderecha, dijo que las reformas se complementaban con otras
reformas impositivas recientes y podrían usarse contra compañías
mexicanas y contra empresas extranjeras que operan en México.
Grupos
empresariales han acusado al gobierno de imponer un régimen de
“terrorismo fiscal” luego de que diputados aprobaron reformas el año
pasado que otorgan a las autoridades el poder de imponer a evasores de
impuestos cargos de crimen organizado, encarcelar a presuntos
delincuentes mientras esperan su juicio y confiscar activos sin órdenes
judiciales.
“Estamos
viendo una tendencia a fortalecer la capacidad del Estado para castigar
a los contribuyentes”, dijo Gil. “Es el uso de instrumentos de terror
por parte del Estado para crear una recaudación de impuestos más
eficiente”.
México
tiene el recaudo tributario más bajo entre los miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y el
presidente Andrés Manuel López Obrador espera aumentar la recaudación
para financiar nuevos programas sociales de apoyo a la población pobre
del país.
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