QUITO.- El
Banco Central de Ecuador presentó este viernes un informe en el que
calculó en 821 millones de dólares las pérdidas registradas durante el
llamado Paro Nacional del Pueblo, entre el 3 y 13 de octubre pasado y
que concluyó con una decena de muertos y más de 1.500 heridos.
La
paralización de octubre "dejó daños y pérdidas por 821,68 millones" de
dólares, se precisó en el informe elaborado por el Banco Central,
conjuntamente con el Banco Mundial que facilitó para este fin su
programa sobre Evaluación de Daños y Pérdidas Post-desastre (DaLA, por
sus siglas en inglés).
Ecuador
vivió en octubre pasado once días de disturbios y protestas por la
eliminación de los subsidios a las gasolinas, una decisión tomada por
decreto por el presidente del país, Lenín Moreno, en el marco de un
acuerdo crediticio por 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Las
protestas terminaron una vez que Moreno derogó el polémico decreto tras
alcanzar un acuerdo con los líderes indígenas de las protestas.
Según
el estudio económico del Banco Central, en el periodo de paralizaciones
se registraron 120,07 millones de dólares en daños a bienes muebles e
inmuebles y 701,62 millones en pérdidas por "ingresos no percibidos por
falta de ventas".
Esas
pérdidas, se precisa en el informe, significaron un impacto negativo de
0,13 por ciento en la previsión de la evolución del Producto Interior
Bruto (PIB), a precios constantes para 2019.
Las
pérdidas y daños en el sector productivo sumaron 465,84 millones,
seguido de la infraestructura, con 312,34 millones; mientras que el
sub-sector del comercio registró una afectación de 196,66 millones,
energía e hidrocarburos de 186,97 millones, turismo de 82,26 millones,
industria de 78,24 millones y transporte de 76,74 millones, entre los
más relevantes.
Estos
resultados se obtuvieron al aplicar la metodología del Banco Mundial
sobre Evaluación de Daños y Pérdidas Post-desastre y sobre la base de la
información recogida de entidades públicas como la agencia de
recaudación tributaria (Servicio de Rentas Internas), el de Gestión de
Riesgos y Emergencias, el Municipio de Quito y los ministerios de
Energía, Turismo, Salud Pública y Agricultura y Ganadería.
También
aportaron con información varias entidades del sector privado como la
Cámara de la Producción, la Federación de Exportadores, la Asociación
Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, entre
otros, se precisa en el informe.
Además,
el Banco Central indicó que los resultados de esta investigación "se
han incorporado en la Previsión Macroeconómica para el año 2019".
Las
duras protestas de octubre de 2019 en Ecuador generaron reacción en
varios organismos internacionales como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), que ha pedido a las autoridades ecuatorianas
que investiguen y castiguen a los responsables del aparente uso excesivo
de la fuerza, así como a la población responsable de los saqueos que
también se registraron.
De
su lado, el Gobierno ecuatoriano ha considerado como subjetivo el
informe de la CIDH, al no considerar el contexto violento de las
manifestaciones.
"Es
una apreciación de la Comisión (Interamericana) de Derechos Humanos que
encontramos absolutamente subjetiva", manifestó recientemente el
canciller ecuatoriano, José Valencia, pues consideró que la valoración
del organismo "no examina el hecho de que no haya un solo herido de bala
durante los eventos de octubre".
Según
él, la fuerza pública "tuvo una gran restricción" y "cuidado" en que
los medios empleados sirvieran específicamente para mantener el orden e
impedir que se produjeran excesos.
En
el contexto de las protestas murieron, según la Defensoría del Pueblo
de Ecuador, una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de
ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad.
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