BUENOS AIRES.- El
paquete de medidas de "emergencia" impulsado por el nuevo Gobierno de
Argentina logró este miércoles vía libre para ser debatido mañana en el
Congreso, aunque con crecientes críticas de parte de la oposición y de
sectores económicos que se verán afectados por la iniciativa.
El
proyecto, que incluye la creación y la subida de impuestos y puntos
relativos a la deuda pública, entre otros múltiples aspectos, logró el
visto bueno en las comisiones parlamentarias de Presupuesto y
Legislación General para ser tratado este jueves en el pleno de la
Cámara de Diputados.
El
aval se consiguió con la firma del oficialismo y tras un extenso debate
en las comisiones, al que acudieron varios ministros del Gabinete de
Fernández.
Al
defender la denominada "ley de solidaridad y reactivación productiva",
el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que la "muy
grave" situación de Argentina, en recesión desde 2018, "justifica tomar
una serie de medidas de emergencia" para poder detener la caída de la
actividad económica e "iniciar un proceso de recuperación".
El
proyecto, remitido este martes al Congreso, al cumplirse una semana de
la investidura de Fernández, declara la emergencia pública en materia
económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social,
tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega al Ejecutivo
facultades especiales hasta el 31 de diciembre de 2020.
Aunque
la iniciativa es muy amplia, hay puntos salientes, como los referidos a
los tributos, un asunto clave para resolver los desequilibrios fiscales
del país, y a la deuda pública, otro de los problemas que Argentina
debe abordar en lo inmediato.
El
proyecto crea un impuesto denominado "país" (impuesto para una
Argentina inclusiva y solidaria) que gravará con una tasa del 30 % la
adquisición de divisas extranjeras para atesoramiento, la compra de
pasajes y paquetes turísticos para viajar al exterior y los gastos que
allí se hagan con tarjetas de crédito.
Además,
el Ejecutivo pretende aumentar otros impuestos y las denominadas
retenciones derechos a la exportaciones que se podrán incrementar hasta
el 33 % para la soja, el principal cultivo de Argentina.
"El
Estado vive una situación fiscal muy compleja", aseguró este miércoles
Alberto Fernández en un encuentro con miembros de la Asociación
Empresaria Argentina.
El
mandatario sostuvo que pide "un mayor esfuerzo a las empresas, al agro y
a la industria" para poder recomponer los ingresos de sectores
desfavorecidos, como los jubilados.
En
cuanto a la deuda pública, que Argentina pretende renegociar con sus
acreedores, el proyecto autoriza al Gobierno a emitir letras a diez
años, por un total de 4.571 millones de dólares, y a adquirir con esos
títulos dólares provenientes de las reservas del Banco Central con el
fin de destinarlos al pago de deuda.
Entre
otros aspectos, la iniciativa congela por 180 días las tarifas de
electricidad y gas natural con vistas a una renegociación integral
tarifaria y permite al Ejecutivo establecer aumentos salariales
obligatorios para el sector privado.
Otro
punto polémico, que daba facultades al Ejecutivo para modificar la
estructura del Estado, fue retirado del proyecto original.
El
paquete de medidas se debatirá este jueves en una Cámara Baja donde el
oficialismo es el bloque más numeroso pero no tiene mayoría propia.
La
oposición cuestiona el proyecto, entre otros aspectos, por las amplias
facultades que el Congreso delegaría al Ejecutivo, pero también por los
cambios impositivos y el pago de la deuda.
La
diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda, sostuvo que el
proyecto, "más que atender a las emergencias, está atendiendo a
garantizar el pago de una deuda usuraria, fraudulenta e ilegítima".
"¿Cómo
se compadece la idea de la reactivación productiva con un impuestazo
como el que se propone? No conozco ninguna teoría de que un país se vaya
a reactivar aumentando impuestos", planteó por su parte el diputado
radical Luis Pastori.
La
iniciativa también ha sido cuestionada por sectores que se verán
afectados por las medidas, como la Federación Argentina de Asociaciones
de Empresas de Viajes y Turismo.
La
federación advirtió en un comunicado que la tasa del 30 % para los
viajes al exterior "rompe el equilibrio necesario entre turismo
receptivo y emisivo", lo que va a "repercutir directamente en la
actividad turística nacional, además de influir negativamente en el
flujo de las rutas aéreas internacionales".
Pero
el sector que más se opone a la ley es el agropecuario, que ya
protagonizó un serio conflicto con el Gobierno por las retenciones en
2008.
"Otra
vez los productores nos vemos expuestos a situaciones donde nuestros
esfuerzos entran en una zona de riesgo", advirtió hoy Confederaciones
Rurales Argentinas, una de las cuatro mayores patronales agrarias del
país, que sostuvo que aumentar los derechos de exportación de los
productos agropecuarios llevaría "a quebranto productivo en amplias
zonas del país".
A las puertas del Congreso también protestaron hoy grupos opositores que cuestionan las medidas.
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