BUENOS AIRES.- El
presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró este miércoles en
un encuentro con empresarios que el Estado vive una situación fiscal
"muy compleja”, mientras el Congreso comienza a debatir una polémica ley
con la que el Gobierno busca encauzar de manera urgente la recesión que
atraviesa el país desde 2018.
“Tenemos
que volver a poner de pie a la Argentina. Y eso lo hace un gobierno, lo
hacen los que emprenden, los que invierten, lo hacen los que trabajan.
Necesito que nos pongamos en marcha, rápidamente. Que miremos para
adelante porque cada día que pasa hay un nuevo argentino que cae en la
pobreza”, dijo el mandatario, que asumió el poder el 10 de diciembre
pasado.
En
un almuerzo de trabajo en Buenos Aires con representantes de la
Asociación Empresaria Argentina (AEA), y según especificaron fuentes
oficiales, Fernández remarcó que cuando plantea “un mayor esfuerzo a las
empresas", al sector agropecuario y a la industria es "para pagarle a
los jubilados".
“El
Estado vive una situación fiscal muy compleja”, aseveró, y aclaró que
no pretende poner en marcha un Estado "intervencionista", sino uno
"inteligente que equilibre desigualdades en los mercados y que dé
garantía a los que invierten”.
El
presidente, que se enfrenta a problemas como la elevada deuda pública,
una frágil moneda, la alta inflación y la escalada del desempleo y los
niveles de pobreza, afirmó que no conoce "capitalismo sin consumidores" y
que es necesario "promover inversiones" al tiempo que se protege la
industria nacional.
"Porque ustedes producen y dan trabajo, y no hay otro camino que no sea ese”, concluyó.
Este
miércoles, la Cámara de Diputados empezó a debatir en comisión el
llamado Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva
en el marco de la "emergencia pública", que el Poder Ejecutivo envió el
martes para afrontar la "dramática situación económica y social" que,
según se especifica en el documento, atraviesa el país.
Según
explicó ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, el texto
legislativo tiene cuatro bloques centrales: jubilaciones, tributos,
tarifas públicas y deuda.
A
través de esta iniciativa se busca declarar la emergencia pública en
materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social y para ello poner en marcha
una serie de medidas como alza de impuestos y aranceles de exportación
de productos agrícolas, el congelamiento de tarifas de servicios
públicos, cambios en el ajuste de las jubilaciones y medidas de ayuda
social.
Uno
de los puntos que más ha llamado la atención en la sociedad es el
impuesto "país" (para una Argentina inclusiva y solidaria) que gravará
con una tasa del 30 % y por cinco años la compra de divisas extranjeras
para atesoramiento, las compras en el exterior con tarjetas, los pagos
de compras en línea en sitios del exterior, y la compra de pasajes y
paquetes turísticos para viajar al exterior.
El
proyecto, que deberá obtener el visto bueno en comisiones para ser
debatido en el pleno este jueves, también preveía que el Gobierno
obtenga facultades especiales para modificar o suprimir distintos
organismos descentralizados.
Sin
embargo, esta mañana, y mientras se elevaba la controversia por la
negativa del principal bloque de la oposición de avalar mañana el debate
del proyecto en el pleno, el oficialismo comunicó la eliminación de ese
artículo.
Si
las comisiones parlamentarias elevan hoy el visto bueno, con esa
modificación y eventualmente con otras realizadas al proyecto general,
el Gobierno necesitará mañana obtener los apoyos suficientes no solo
para aprobar el proyecto -que debería pasar al Senado para su respectiva
consideración- sino también para que se pueda dar el debate.
El
oficialista Frente para Todos no cuenta con mayoría propia en la Cámara
de Diputados, ya que suma 120 legisladores, frente a los 116 de Juntos
por el Cambio, cuando se necesitan 129 bancas para tener mayoría simple.
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