PARÍS.- El presidente de Francia,
Emmanuel Macron, dio a entender el miércoles que podría hacer alguna
concesión en su proyecto de reforma de pensiones durante negociaciones
con los sindicatos, después de dos semanas de huelga de transporte y
movilización en las calles que amenazan con aguar las fiestas de fin de
año de los franceses.
"El presidente no abandonará el proyecto,
pero está dispuesto a mejorarlo durante las conversaciones previstas con
los sindicatos", afirmaron este miércoles fuentes cercanas al jefe de
Estado, que auguran "avances importantes" antes de que finalice la
semana.
El primer ministro francés, Edouard Philippe, recibió este
miércoles por la tarde a los responsables de los sindicatos y la
patronal para intentar encontrar una salida a la crisis que tiene entre
la espada y la pared al gobierno, preocupa a los comerciantes y tiene
hastiada a la población.
Es urgente hallar una solución cuando
faltan tres días para el inicio de las vacaciones de Navidad, durante
las cuales miles de personas podrían encontrarse sin trenes para pasar
las fiestas en familia.
Macron, al que esta protesta no ha
perjudicado aún en términos de popularidad, quiere "obtener una pausa"
en la movilización social "durante las fiestas" de fin de año, según
fuentes del gobierno.
Pero el líder del sindicato CGT, Philippe
Martinez, que encabeza las protestas, reiteró después de reunirse con el
primer ministro que no tienen intenciones de hacer una "tregua"
navideña si el gobierno no da su brazo a torcer y retira su proyecto de
reforma.
Según las informaciones filtradas
por fuentes cercanas a Macron, el ejecutivo podría hacer concesiones
sobre uno de los puntos más polémicos de su reforma: la llamada "edad de
equilibrio" o edad oficial de jubilación, que la reforma sitúa en 64
años a partir de 2027 frente a los 62 actuales.
Trabajar menos de
esa edad daría derecho a una pensión más pequeña, trabajar más allá de
esa edad, a una remuneración mayor. Esta idea ha sido rechazada en
bloque por los sindicatos, sobre todo la CFDT, que era hasta hace poco
el principal aliado del gobierno, que la considera como una "línea roja"
peligrosa que el gobierno había atravesado.
Philippe hará todo lo
posible para recuperar a su aliado, con la ayuda de Laurent
Pietraszewski, el nuevo encargado del gobierno para esta reforma de las
pensiones, que reemplaza a otro responsable que dimitió en plena crisis
social por un presunto conflicto de intereses.
Pero al salir de
Matignon, sede del gobierno, el líder de la CFDT, Laurent Berger,
declaró ante la prensa que seguían "muy, muy lejos de un acuerdo".
Las
discusiones seguirán el jueves, día en el que Philippe recibirá también
a los dirigentes de la empresa de transportes parisinos y de la
compañía ferroviaria nacional.
Los sindicatos llegan a
la mesa de negociaciones fortalecidos después de que el martes lograran
sacar a las calles a cientos de miles de personas en todo el país, en la
tercera jornada de protestas nacionales en dos semanas.
Más de
600.000 manifestantes, según el ministerio del Interior, y 1,8 millones,
según los sindicatos, participaron en las protestas en varias ciudades
de Francia, en rechazo a esta reforma que prevé fusionar los 42
regímenes de pensiones existentes en un sistema único.
La situación en los transportes
seguía siendo caótica este miércoles, en el decimocuarto día de huelgas y
la exasperación entre la población se hacía sentir.
Ir al trabajo o a sus lugares de estudio era un desafío para miles de franceses, principalmente en la región parisina.
Ocho de las 16 líneas del
metro estaban cerradas, cuatro funcionaban parcialmente, y solo dos,
totalmente automatizadas, operaban con normalidad en la capital
francesa.
Los trenes suburbanos y los autobuses circulaban a
cuentagotas y en ellos no cabe una alfiler. Muchos ciudadanos preferían
tomar bicicletas o monopatines o recorrer decenas de kilómetros a pie.
Según una encuesta, 62% de los franceses sigue apoyando la huelga, pero el 69% desea una "tregua" por Navidad.
Las
pensiones es un tema particularmente delicado en Francia, en donde la
población está muy apegada a un sistema por repartición, en el que los
trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales, y
conocido por ser uno de los más protectores del mundo.
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