LA PAZ.- El
economista Guillermo Aponte es desde este martes presidente interino
del Banco Central de Bolivia, en reemplazo de Pablo Ramos, investigado
por supuesto favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
La
presidenta transitoria del país, Jeanine Áñez, destacó el "alto nivel
técnico y ético" del presidente interino y cuatro directores nombrados
al frente de la entidad.
Áñez
subrayó también que el banco central "recupera la autonomía de
decisión", tras haber estado cuestionado de estar al servicio del
anterior Gobierno de Evo Morales.
La
mandataria provisional expresó su plena confianza en "la calidad de
profesionales" del nuevo directorio de la entidad, en el acto de
posesión en el palacio de Gobierno en La Paz.
Aponte,
por su parte, enumeró en su discurso una serie de datos para mostrar
que el sistema financiero boliviano "es solvente y estable", con un
respaldo de unos 25.652 millones de dólares.
El
nuevo presidente interino es un economista con especialidad en seguros y
seguridad social, que fue viceministro de Pensiones y Seguros entre
2002 y 2003 y superintendente del área en dos ocasiones, la última entre
2003 y 2006, entre otros cargos en la Administración pública boliviana,
además de otros en España y Suiza.
La
designación se produce tras haberse iniciado un proceso penal contra su
antecesor, por movimientos sospechosos de camiones blindados que
supuestamente sacaron divisas del banco en horarios inusuales y
préstamos a empresas estatales sin supuestamente cumplir los
procedimientos requeridos.
Los
movimientos sospechosos se produjeron los pasados 25 de octubre y 6 de
noviembre, según datos de la Fiscalía General del Estado de Bolivia.
La
salida el 25 de octubre corresponde una vagoneta del órgano electoral
asignada a la entonces presidenta María Eugenia Choque, que se encuentra
en detención preventiva por un supuesto fraude en las elecciones del 20
de octubre, que fueron anuladas.
Ramos
es investigado además por la concesión sin supuestamente respetar los
procedimientos de préstamos por parte del Gobierno de Evo Morales a
empresas estatales, por unos 75 millones de dólares.
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