LONDRES.- El Gobierno británico presentó este viernes unos documentos oficiales al
Tribunal de Sesiones de Edimburgo, que evalúa si el primer ministro
podría ser multado o incluso condenado a prisión en caso de forzar una
salida sin pacto el próximo 31 de octubre. La llamada Ley Benn -que fue
aprobada en Westminster a principios de septiembre gracias al apoyo de
la oposición y tories rebeldes pro UE- obliga al Gobierno a pedir una
nueva extensión de plazos a los Veintisiete si para el 19 de octubre no
se hubiera ratificado ningún pacto.
Según los documentos
entregados al tribunal, el primer ministro se compromete ahora a cumplir
la normativa. Sin embargo, horas más tarde, el propio Johnson matizó la
postura de su Gobierno y dijo que no habrá extensión de plazos: «Nuevo
acuerdo o sin acuerdo, pero ningún retraso», proclamó.
Una fuente
oficial de Downing Street había explicado a la BBC que la ley no
prohíbe al Ejecutivo buscar otras alternativas para que no sea necesario
una nueva ampliación. “El Gobierno cumplirá la ley, que solo impone
una tarea muy específica que consiste en entregar la carta del
Parlamento pidiendo una extensión (...) que puede ser interpretada de
maneras diferente”, recalcó.
“Pero la ley no impide al Gobierno hacer
otras cosas que impidan un retraso, incluidas otras comunicaciones,
tanto públicas como privadas. La gente tendrá que esperar a ver cómo se
soluciona. El Gobierno está haciendo saber en Europa de forma privada
cuál es su posición oficial sobre el retraso y la hará pública pronto”,
matizó.
En definitiva, una jugada más del oscuro “modus
operandi” que está llevando a cabo el Número 10 desde que el
controvertido político se mudara el pasado mes de julio. Johnson insiste
en que su primer objetivo es negociar un pacto de retirada.
Esta semana
finalmente entregó a Bruselas su esperada propuesta para evitar
frontera dura en Irlanda. Plantea dejar a Irlanda del Norte en el
mercado único para bienes, pero al mismo tiempo sacar a todo el Reino
Unido de la unión aduanera. Y Bruselas no ha dicho aún un no rotundo,
pero no está nada convencida. Por lo que el pacto se antoja complicado.
En
circunstancias normales, nadie se plantearía que un Gobierno no
cumpliera una normativa aprobada en Westminster. Pero con Johnson y el
Brexit no se viven circunstancias normales, por lo que existe alta
preocupación entre la oposición sobre las posibles triquiñuelas que el
excéntrico político podría llevar ahora a cabo.
El ex premier
John Major, uno de los grandes críticos de Johnson, teme que el
Ejecutivo pueda recurrir al “Privy Council”, un mecanismo arcaico por el
que los ministros -sin necesidad de involucrar a la reina como Jefa de
Estado o el Parlamento- podrían suspender la normativa hasta después de
31 de octubre.
Por otra parte, Johnson podría sugerir a puerta
cerrada a los líderes comunitarios que él no está por la labor de seguir
prorrogando esta crisis, y aconsejarles que no concedan la prórroga.
Hay
quienes también advierten que el premier podría incluso utilizar,
irónicamente, el fallo del Supremo que declaró ilegal la derogación del
Parlamento. En el párrafo 55 de la sentencia, los magistrados señalan
que “la tarea de gobernar pertenece al Ejecutivo y no al Parlamento o
los Tribunales” por lo que Johnson podría decir que la Ley Benn
contradice este fallo al decir al Gobierno cómo debe llevar a cabo unas
negociaciones con un organismo extranjero.
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