EDIMBURGO.- El Tribunal de Sesiones de Edimburgo
anunció este martes que este miércoles dictaminará si considera legal o
o no la controvertida decisión del primer ministro británico, el
conservador Boris Johnson, de suspender temporalmente el Parlamento
hasta pocos días antes del "Brexit".
Tras una sesión que se alargó casi seis horas, el juez Lord Raymond Doherty
indicó que sopesará los argumentos expuestos por las dos partes y
decidirá si la medida cumple con la ley o bien, como piden los
demandantes, se trata de un acto "anticonstitucional" que supera las
potestades del jefe del Ejecutivo.
Entre
los más de 70 firmantes de la demanda están la diputada del Partido
Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, la líder de los Liberales
Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e
independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al "Brexit" "The Good Law Project", quien acudió a la vista de hoy.
El abogado que representa a los demandantes, Aidan O'Neill, definió el caso como un "abuso de poder por parte del Estado" y afirmó que la suspensión de las cámaras persigue permitir una salida de la Unión Europea (UE) no negociada y no la presentación del programa de Gobierno, como ha asegurado Johnson.
"El cierre del Parlamento se relaciona con un 'Brexit' sin acuerdo, no con una nueva agenda. Es silenciar y desarmar a la oposición. Eso es inconstitucional, es un abuso de poder", sostuvo.
Durante
su dura defensa del poder legislativo, el letrado recalcó que lo que se
juzga no es determinar si la reina Isabel II -que refrendó la clausura
de las cámaras- erró en su proceder, si no si estuvo mal aconsejada por
el Ejecutivo, en cuyo criterio siempre se basa.
"Afirmar que esta fue una decisión de la monarca no se ajusta a la realidad. Cerrar el Parlamento fue un acto de poder del Ejecutivo contra el Parlamento. El desprecio por el Parlamento fue impresionante", indicó O'Neill.
O'Neill
presentó además un documento que demostraría cómo el gabinete de
Johnson tomó la decisión de suspender el Parlamento en torno al 15 de
agosto, varios días antes de hacerla pública, y acusó a la parte
contraria de engañar a la corte por no haber facilitado esta
información.
Por su parte, Roddy Dunlop, que actuó en representación del Ejecutivo británico, indicó que la cuestión no debería haber llegado hasta los tribunales, porque no debería estar sujeta al criterio de un juez.
Durante
su alegato recalcó que la corte no tiene "las herramientas" para
evaluar lo que calificó como "una decisión política" y precisó que no
existe "un periodo obligatorio" fijado por la ley durante el cual el
Parlamento deba permanecer abierto.
Si Johnson consigue que la Justicia no frene sus planes,
el Parlamento permanecerá cerrado entre el 10 de septiembre y el 14 de
octubre, con lo que los parlamentarios contrarios a una salida de la UE
abrupta tendrían complicaciones para presentar iniciativas legislativas
que puedan evitar tal escenario.
Durante la vista, un pequeño grupo de manifestantes se concentró a las puertas del tribunal para, al grito de "Paremos el golpe", protestar contra la decisión del Gobierno conservador.
James
Wolffe, abogado general de Escocia, el cargo legal de mayor rango de
esta región, anunció hoy que respalda esta acción legal, así como la que
la activista anti "brexit" Gina Miller ha presentado en Londres y a la
que se ha sumado el ex primer ministro conservador John Mayor.
La batalla en los tribunales entre defensores y detractores de un "Brexit" duro
está así lejos de terminar, ya que existe otro procedimiento abierto en
Irlanda de Norte, impulsado por una asociación que defiende que una
ruptura no negociada violaría los acuerdos de paz del Viernes Santo.
Tras el receso estival, el Parlamento retomó hoy su actividad en medio de las especulaciones sobre la posible convocatoria de elecciones anticipadas,
un escenario que se ha hecho más plausible después de que Johnson haya
perdido la mayoría parlamentaria al pasarse un diputado "tory" al
Partido Liberal Demócrata.
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