BRUSELAS.- Con la estrategia económica frente al coronavirus a corto plazo ya pactada por los ministros de economía y finanzas de la UE
-una triple red de seguridad de más de medio billón de euros para
sostener a las finanzas públicas de las Estados miembros, a las empresas
y a los trabajadores mientras dure la pandemia del Covid19- los
gobiernos europeos pueden empezar a concentrarse en la siguiente pieza
del puzzle: la fase de reconstrucción. Una etapa que,
según ha anunciado este viernes el presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, ya tiene fecha: el 23 de abril, durante una nueva
videoconferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE que debe
servir para avalar el primer arsenal de préstamos y abordar el plan de
recuperación.
"Es hora de sentar las bases para una recuperación económica sólida.
Este plan tiene que relanzar nuestras economías al tiempo que promueve
la convergencia económica en la UE", ha recordado el belga que, junto a
la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene
mandato para preparar propuestas frente a la recesión que se avecina.
Será el momento además de retomar el debate sobre la eventual mutualización de la deuda,
que reclaman países como Italia o España y que el Eurogrupo de este
jueves ha esquivado para evitar un nuevo choque de trenes que impidiera
sacar adelante el primer plan de emergencia.
El
pacto, uno de esos acuerdos ambigüos para que norte y sur pudieran
cantar victoria tras dos días de intensas y difíciles negociaciones
virtuales, reconoce que la Unión Europea necesitará un Fondo de
recuperación para salir de la crisis pero deja en manos de los líderes
europeos decidir cómo debe financiarse –subrayan que el próximo Marco
Financiero de la UE (MFF) jugará un papel clave- así como las
condiciones para acceder al mismo, que deberá ser "temporal, selectivo y
proporcional a los costes extraordinarios de la crisis y ayudar a
repartirlos en el tiempo a través de una financiación apropiada" y "con instrumentos financieros innovadores".
Se trata de una coletilla deliberadamente vaga para recabar el apoyo de todos los gobiernos: los reacios a la mutualización (Países bajos, Austria, Finlandia o Alemania) y los partidarios de ella
(Italia, España, Francia y otros países del sur). Para los primeros la
formulación cierra la puerta a los eurobonos, para los segundos la abre.
"El único instrumento que no existe en la financiación europea es la
deuda común. Eso explica que hayamos pasado doce horas con estas tres
palabras", recordaba el ministro francés de finanzas, Bruno Le Maire,
tras la larga negociación.
De
hecho, España e Italia, los dos países más afectados por el covid19 en
Europa, anuncian que seguirán dando la batalla. "El Gobierno va a seguir
trabajando para establecer en el medio plazo un mecanismo de
mutualización de la deuda europea", ha explicado la vicepresidenta
económica Nadia Calviño en una entrevista en la Cadena ser. "Ha sido una
primera parte excelente" pero "ahora debemos ganar la partida en el Consejo Europeo", ha añadido su colega italiano, Roberto Gualtieri.
Enfrente
volverán a tener a Países Bajos. "Cada uno puede leer lo que quiera (en
el acuerdo), es importante no engañarnos a nosotros mismos", ha avisado
su ministro de finanzas, Wopke Hoekstra. "No aparece nada relacionado
con la mutualización" y "la mayoría (de países) están en contra de los eurobonos",
ha zanjado. Francia, mediador junto a Alemania del acuerdo, prefiere
ver el vaso medio lleno aunque reconoce que queda mucha negociación por
delante. "Queda mucho trabajo por delante pero el texto es claro, muy
voluntarista, y un éxito para Francia", opina Le Maire que ve en el
pacto un apoyo al Fondo, temporal y con capacidad de emitir deuda,
propuesto por Francia.
240.000
millones del MEDE: Se trata del elemento central del plan de emergencia
gracias a una línea de crédito de hasta el 2% del PIB (240.000 millones
de euros) que será accesible mientras dure la pandemia para financiar
los costes directos e indirectos de salud, tratamientos y prevención del
covid19. Pese a las exigencias del Gobierno holandés, que reclamaba condiciones macroeconónicas estrictas
para los países que acudieran al MEDE, el único requisito será que
financie el gasto vinculado. Ni España -que podría acceder a 25.000
millones- ni Italia –a 36.000 millones- tienen pensado acudir al fondo
de rescate europeo. Madrid porque considera que no lo necesita al
financiarse sin problemas en los mercados. Roma porque consideran este instrumento "peligroso" que a la larga agravará su situación financiera.
200.000 millones en garantías del BEI:
La segunda pieza del puzzle, una red de seguridad para apoyar al tejido
empresarial europeo, pretende dar oxígeno a las empresas en
dificultades, afectadas por los cierres generalizados decretados por la
mayoría de gobiernos europeos para frenar la propagación del virus. Se
trata de un fondo paneuropeo del Banco Europeo de Inversiones que se
construirá a partir de 25.000 millones de euros en garantías que pondrán
los Estados miembros y que permitirán movilizar unos 200.000 millones
de euros para financiar particularmente a pequeñas y medianas empresas, a
través de la UE y de las instituciones de crédito estatales. "Esperamos activar el fondo con rapidez para que sus beneficios lleguen donde más se necesitan",
ha dicho el presidente del BEI, Werner Hoyer. "Se basa en nuestra
fortaleza financiera colectiva porque juntos somos más fuertes", ha
subrayado el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno.
100.000
millones para SURE: El último ingrediente del arsenal de medidas
aprobado por el Eurogrupo para afrontar las consecuencias a corto plazo
del coronavirus es un fondo de reaseguro de empleo denominado SURE,
menos ambicioso de lo que defiende España, pero que permitirá dar
préstamos para evitar la destrucción de empleos y financiar los ERTEs
mientras dure la pandemia. "Desde la última crisis hemos creado 13 millones de empleos. Muchos han sido destruidos en solo unas semanas.
Necesitamos una nueva capa de protección para asegurar que no se
destruyen muchos más en el futuro", sostiene Centeno. El mecanismo, de
carácter temporal y que movilizará 100.000 millones a partir de
garantías de los Estados miembros, fue propuesto recientemente por la
Comisión Europea y ahora deberá ser negociado entre Consejo y Parlamento
Europeo aunque el objetivo es que esté operativo "lo antes posible".
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