DOHA.- Millones de trabajadores
inmigrantes, que ya sufren de precariedad, temen por su salud y sus
empleos ante las medidas adoptadas en los países del Golfo para frenar
la propagación de la pandemia del coronavirus.
Más de 3.400 casos
de infecciones y 16 muertos debido a la epidemia han sido declarados en
las monarquías árabes del Golfo, frenando la actividad económica de
estos países, que emplean a gran cantidad de mano de obra extranjera.
"Hace ocho o diez días que estamos encerrados. No sabemos
cuándo esto va a terminar" relata un ingeniero paquistaní en Qatar, que ha sido puesto en cuarentena.
"El problema fundamental
es mantener el acceso a los alimentos" explica este hombre de 27 años,
que dice recibir comida del gobierno pero "en pequeña cantidad".
Como
él, decenas de miles de extranjeros están confinados en la zona
industrial de Doha después de que algunos de ellos contrajeran la
enfermedad covid-19.
Las fuerzas de seguridad
han rodeado la zona, así como equipos médicos, una medida esencial para
salvar vidas, según aseguran las autoridades.
Pero las viviendas son
exiguas y los trabajadores están amontonados en malas condiciones
sanitarias, lo que los pone en peligro, según las organizaciones de
derechos humanos.
Para Amnistía internacional estos trabajadores
están particularmente expuestos a un riesgo de contaminación en los
"campamentos" donde están "atrapados" y donde el distanciamiento social
parece ilusorio.
Según la oficina en Doha de la Organización internacional
del Trabajo (OIT), algunos patronos han trasferido a sus empleados a
habitaciones más espaciosas para evitar la promiscuidad.
Es el
caso de un empleado de supermercado esrilanqués que comparte con otros
extranjeros una casa que ha sido desinfectada. "Nos obligan a llevar
mascarillas y guantes", dice el joven, de 23 años.
Un
vendedor turco dice haberse autoconfinado por precaución. "Tengo miedo a
contaminarme", dice el hombre, de 49 años. Como varios otros
trabajadores inmigrantes, no tiene ningún seguro de enfermedad.
Y
como las actividades no esenciales han sido interrumpidas, muchos no
perciben sus salarios y temen ser despedidos, incluso expulsados, lo que
sería una catástrofe para familias que dependen de estos ingresos .
Además
de las viviendas "atestadas y a menudo insalubres" estas personas
padecen "un derecho laboral que da a los empleadores poderes excesivos y
favorece abusos y casos de explotación" denuncia Hiba Zayadin,
investigadora en el Golfo de Human Rights Watch (HRW).
En
Araba Saudita, donde viven 10 millones de trabajadores extranjeros,
algunos se quejan de que sus jefes los incitan a trabajar sin que se les
pague las vacaciones, mientras que los trabajadores saudíes sí tienen
este derecho.
"Varios obreros del
sector privado padecen el cierre de la mayoría de las actividades
económicas. Los jefes los obligan a quedarse en sus viviendas, sin ser
pagados", indica un diplomático basado en Riad.
En
Kuwait, que tiene 2,8 millones de trabajadores inmigrados, Um Sabrin,
una egipcia, no recibirá ningún pago del salón de belleza, ahora
cerrado, donde trabaja. Ella sí está dispuesta a llevar a su jefe ante
la justicia, pero muchos otros dudan hacerlo por temor a represalias.
Qatar que albergará en 2022 el Mundial de fútbol y lleva a
cabo enormes obras públicas, es especialmente escrutado por las
organizaciones internacionales y las ONG.
Varios trabajadores
inmigrados --que suman más de tres cuartas partes de la población--
están empleados en proyectos relacionados con la competición, como la
construcción de estadios, que sigue en curso pese a que la mayoría de
las actividades no esenciales se ha detenido.
La OIT teme que no
se paguen los salarios y que se produzcan despidos en un contexto de
fragilidad para las economías del Golfo, golpeadas por el derrumbe de
los precios del petróleo.
Para Houtan Homayounpour, director de la
OIT en Qatar, los despidos masivos, evitados hasta ahora, tendrían un
"impacto desastroso".
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