QUITO.- Ecuador
busca inversores privados para concesionar una serie de proyectos de
infraestructuras por valor de más de mil millones de dólares y pide
"confianza" en las reformas que el presidente Lenín Moreno ha iniciado
para consolidar la seguridad jurídica.
Así
lo aseguró el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel
Martínez, quien está embarcado en la búsqueda de socios privados para
contrarrestar la reducción de presupuesto que ha sufrido su cartera en
los últimos años.
"El
ministerio pasa de un promedio de 1.000 millones de dólares anuales en
la década pasada para inversión a una realidad de 340 millones de
dólares entre 2019 y 2020", menciona Martínez.
Un
dinero que debe servir para "proyectos rezagados (deudas por pagar de
proyectos en marcha) y también algunos nuevos y mantenimiento de vías ya
existentes".
El
recorte se debe a las necesidades presupuestarias de un país que, en
2017, descubrió una deuda acumulada muy superior a la declarada por el
anterior Gobierno, y que tiene serios problemas para encontrar
financiación en los mercados.
Para
pedir la ayuda de entidades internacionales, Ecuador entró en 2019 en
un ajuste de envergadura a nivel público, y direccionó su estrategia de
inversión a la "alianza público-privada".
"Realmente
el Ministerio se encuentra en una situación en la cual o busca al
(sector) privado para hacer construcciones nuevas o se nos vuelve muy
complejo hacerlas", puntualizó.
Es
así como, en su ámbito, figuran prioridades como la construcción de un
Metroférico para Quito, por valor de 740 millones de dólares de CAPEX;
la concesión del puerto de Esmeraldas, 100-150 millones, y la inspección
no intrusiva en puertos (instalación de escáneres), 150-200 millones.
Otros
proyectos son el viaducto Sur de Guayaquil, por 455 millones de
dólares; la concesión de 33 kilómetros de carretera entre Loja y
Catamayo (en el sur), por 40 millones; la instalación de fotorradares,
57 millones, y la concesión del aeropuerto de Manta (oeste), valorada en
70 millones de dólares.
Todos
ellos proyectos que incluyen de 10 a 30 años de concesión y, en un
caso, el del Viaducto Sur de Guayaquil, hasta 50, según una tabla del
ministerio.
Martínez recalca que no se trata de una "privatización" de
activos públicos -lo cual puede generar discrepancias en la opinión
pública ecuatoriana- sino de "concesiones".
"Privatizar
es desprenderse del activo, entregarle en propiedad del activo al
(sector) privado. Esto es un proceso de concesión en el cual el activo
permanece con el Estado central", subraya.
Una
situación, la que busca Ecuador, en la que el Gobierno no tenga "nada
que invertir", "ni arriesgar", o en la que "arriesgue lo mínimo".
Martínez
destaca que, a diferencia de cómo se ejecutaban las obras en el pasado,
en las actuales se está haciendo un cálculo de rendimiento para el
Estado, y no sólo de cobertura de la inversión.
"Nosotros
tenemos planificado, por ejemplo, en todas las concesiones que estamos
manejando, que si (en una carretera) se llega a pasar del tráfico con el
que fue calculado el ejercicio financiero, esos beneficios pasen en una
gran mayoría al Gobierno central".
La intención del Ejecutivo de Moreno, sostiene, es una mezcla de inversión extranjera y nacional, pero en definitiva "privada".
"En
concesiones portuarias realmente tenemos muchísimo interés de empresas
extranjeras (...) Puede ser local como puede ser externa, pero inversión
privada para todos los proyectos de concesión que nosotros tenemos",
declaró.
En
ese orden, Martínez dijo que esperaba en total "unos 1.000 millones de
dólares en inversión", incluida la ampliación de carreteras de dos a
cuatro carriles.
El
Gobierno de Moreno entrará en mayo en su último año de gestión, y lo
hace después del terremoto social de octubre de 2019, en el que tuvo que
revertir decisiones cruciales para incrementar los ingresos del Estado
ante una ola de protestas.
También
tuvo que revertir un proyecto de ley económica y otros compromisos
incluidos en un plan de saneamiento fiscal al que había llegado con
organismos internacionales, como el FMI, que en total le han concedido
al país andino una línea de crédito de más de 10.000 millones.
"Obviamente
el Gobierno pasó momentos muy duros en octubre. El riesgo país se
disparó, luego también la no aprobación de la nueva ley económica tuvo
un impacto negativo. Esto obviamente, aleja un poco, o vuelve más caro,
el financiamiento para los proyectos", reconoció el ministro.
Pero
aseguró que el país está demostrando que "se puede captar inversión",
que sus procesos son "transparentes" y que "no hay queja de las empresas
que están participando" ya en concesiones y proyectos.
La
búsqueda de inversores en las actuales condiciones no es fácil y se han
dado circunstancias en las cuales se ha presentado un solo oferente.
Por
ello, Martínez aclara que trabaja para "hacerlos más atractivos" y "que
haya más participantes" y considera que "ahorita hay un ambiente de
muchísima más estabilidad y confianza", sobre todo, por los esfuerzos
encaminados a ofrecer al inversor garantías jurídicas que no se tenían
antes.
Con
todo y haciendo autocrítica, resalta que Ecuador debe "superar el
pensamiento de que cada cuatro años refundamos el país" y que "los
contratos no se respetan" y llamó a "comenzar a pensar en país a largo
plazo".
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