BUENOS AIRES.- Con el espaldarazo del
FMI que declaró a la deuda argentina insostenible, el gobierno de
Alberto Fernández buscará renegociar con sus acreedores privados. Pero
la tensión aumenta ante la incertidumbre de lograr quitas de capital en
corto plazo.
Desde que asumió la Presidencia en diciembre,
Fernández (centroizquierda) pregona que su país, en recesión desde
mediados de 2018, no puede pagar la deuda si su economía no crece
primero.
Entre acreedores crispados que no ceden ni un ápice y
fuertes vencimientos en puerta para finales de marzo, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) se puso del lado del gobierno argentino al señalar
que la deuda "no es sostenible", tras una misión al país sudamericano
que terminó el miércoles.
"Nos acusaban de populistas, de
irresponsables, pero resulta que hoy nos despertamos todos con que el
que nos dio la razón es el FMI", celebró Fernández este jueves, en un
acto público.
Argentina, que en 2001 declaró el cese de pagos por 100.000 millones de dólares, lucha por alejarse del default.
Y el FMI también se esfuerza para que se evite ese escenario.
"Creo
que tenemos una buena oportunidad de negociar algo razonable porque el
FMI tiene interés en evitar un default", dijo este jueves Héctor Torres,
exrepresentante de Argentina ante el organismo multilateral, a una
radio local.
Argentina tiene una deuda total de 311.251 millones
de dólares, equivalente a más de 90% de su PIB. De ese monto, lo que
busca refinanciar son acreencias con bonistas privados por 121.979
millones de dólares (35,9% del PIB), y con organismos multilaterales por
72.679 millones (21,4% del PIB).
La
postura del FMI "no es alentadora para la economía argentina pero sí
para la negociación. Es un espaldarazo para el gobierno", estimó a la
AFP Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina.
"El
FMI obviamente es una voz autorizada en el mercado financiero, y que
diga que la deuda no es sostenible podría flexibilizar la posición de
los acreedores privados", explicó.
Argentina arrastra una inflación anual de más de 50%, una fuerte depreciación monetaria y un aumento de la pobreza a casi 40%.
Para
el FMI, Argentina "requiere de una operación de deuda definitiva, que
genere una contribución apreciable de los acreedores privados", en
referencia a quitas de capital, rebaja de intereses y aplazamientos de
pagos.
Esta postura "elimina cualquier duda de que los acreedores
privados tendrán que aguantar grandes recortes", estimó la consultora
Capital Economics, que auguró "prolongadas pugnas" con bonistas reacios a
ceder.
Claudio Loser, exdirectivo del FMI, estima que por el
momento "no hay forma de saber el monto de la quita" que podría estar
sobre la mesa, pero piensa que puede ser de 30% del capital.
Sin
embargo, advierte que la posición del FMI solo surtirá efecto si el
propio organismo pacta un nuevo programa con Argentina. "Si no, los
acreedores no tienen a qué atenerse, porque no hay plan claro",
enfatizó.
El FMI "prestará más dinero a Argentina para pagar el
viejo préstamo, extendiendo los vencimientos de las obligaciones", prevé
Capital Economics.
Argentina suspendió su relación con el FMI en
2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner, cuyo jefe de
gabinete era Fernández, canceló 9.600 millones de dólares que el país
adeudaba al organismo.
Durante la Presidencia del liberal Mauricio
Macri (2015-2019), la relación retomó y en 2018 Argentina suscribió un
acuerdo stand by por 57.000 millones de dólares. Fueron entregados
44.000 millones, pero Fernández renunció a los tramos pendientes.
Argentina
debe lanzar su oferta a los acreedores a mediados de marzo, pues a
finales de ese mes empezarán los vencimientos que debe afrontar en 2020,
equivalentes a 34.300 millones de dólares. Las reservas internacionales
rondan los 44.700 millones de dólares.
Aún así, "la urgencia del
gobierno para definir un trato (con los bonistas) se atizará recién el
próximo año", subrayó Capital Economics.
Del total de vencimientos
de 2020, solo 4.300 millones están denominados bajo legislación
extranjera (que implica que puede ir a arbitraje en tribunales de otros
países).
Así, "el gobierno podría cumplir con sus pagos de deuda
en 2020, ya que más del 80% de ellos están bajo legislación local y
podrían seguir siendo reperfilados unilateralmente por el Parlamento",
explicó Capital Economics.
Ya el año pasado, todavía durante el gobierno de Macri, la deuda con bonistas bajo legislación local fue reperfilada.
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