MADRID.- El modelo de inmigración propuesto por el Reino Unido
se aproxima mucho al modelo implantado en Australia hace ya 75 años.
Solo que entonces las autoridades buscaban atraer inmigrantes,
especialmente británicos, para aumentar la población y ahora la política
migratoria se centra en atraer trabajadores y migrantes temporales
cualificados para cubrir las necesidades del mercado laboral.
El sistema ha variado poco desde los años setenta. Los solicitantes
reciben puntos según su nivel de inglés, su formación académica, si son
solteros o si sus parejas tienen asimismo formación, si optan a un
empleo fuera de las principales ciudades o si trabajan en uno de los
sectores considerados prioritarios por las autoridades (enfermeros,
ingenieros, programadores informáticos… Aunque varían cada año). La edad
máxima para solicitar un visado de trabajo son los 45 años y el coste
del visado no baja de los 4.000 dólares australianos (unos 2.475 euros).
Canadá, en esa línea, tiene tres categorías para otorgar la
residencia permanente: inmigración económica, refugio y reunificación
familiar, informa Jaime Porras desde Montreal. Los
inmigrantes económicos deben reflejar en su solicitud su nivel
educativo, experiencia laboral, si tienen una oferta de empleo y sus
competencias en inglés o francés. Los evaluadores otorgan puntuaciones
para cada criterio. Para afrontar la escasez de mano de obra del país,
Canadá cuenta, además, con un programa para trabajadores agrícolas y
extranjeros temporales. En ambos casos, los candidatos reciben un visado
laboral por un tiempo limitado, pero los criterios lingüísticos y
educativos son más laxos.
Quebec es caso aparte, tiene autonomía para llevar a cabo su
selección y desde el pasado 1 de enero, los candidatos deben pasar un
test de “valores democráticos y nacionales”.
En España hay varios sistemas para seleccionar a trabajadores
extranjeros, pero todos ellos coinciden una exigencia: contar con un
contrato de trabajo, informa María Martín en Madrid. La
única excepción es un proyecto piloto que se puso en marcha el año
pasado de visados de búsqueda de empleo para profesionales argentinos,
hijos y nietos de españoles. No existe ninguna normativa que limite la
entrada de trabajadores relacionada su conocimiento de la lengua
española. En términos generales, el Reglamento de Extranjería exige que
el trabajador tenga la capacitación y, en su caso, la cualificación
profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.
Esta exigencia no significa que el candidato necesite tener una formación académica, como sucede con las 15.000 temporeras de la fresa que se trasladaron a Huelva para la campaña de recogida de frutos rojos del año pasado.
En Alemania unos 1,4 millones de puestos de trabajo están vacantes actualmente en el país, informa Enrique Müller
desde Berlín, y el cambio demográfico agravará aún más la situación en
los próximos años. Por ello, el Parlamento ha aprobado una ley para
abrir el mercado laboral a trabajadores cualificados de países no
pertenecientes a la UE, una norma que entrará en vigor el 1 de marzo.
Según la nueva ley, los migrantes recibirán un visado temporal de
seis meses para buscar trabajo. Como requisitos, los interesados deberán
tener conocimientos de alemán suficientes (correspondiente al nivel B1
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) y formación adecuada, no necesariamente académica, para el puesto de trabajo al que se opta. La
nueva norma exime a los candidatos de demostrar que haya alemanes u
otros europeos disponibles para cubrir ese puesto ni que se trata de un
sector o profesión especialmente necesitada.
Durante los seis meses, el inmigrante podrá estar a prueba en la
empresa con contratos de hasta 10 horas semanales. De esta manera, tanto
el empleador como el profesional extranjero podrán comprobar si se
cumplen sus expectativas mutuas. En el caso de las personas con permisos
temporales como los demandantes de asilo rechazados, deberán demostrar
que llevan al menos 18 meses trabajando en Alemania y que no tienen
historial delictivo.
China es una receptora de migración renuente, apunta Macarena Vidal Liy desde Pekín. Según explica el think tank
alemán Merics, China apoya la residencia de extranjeros como una vía
para sumarse a la globalización, pero sigue evitando la presión de un
asentamiento a gran escala y una integración completa en su sociedad. La
ley de Entradas y Salidas establece un sistema de visados con clara
separación entre las distintas categorías. Para trabajar es necesario un
permiso de trabajo. Si se llega con un visado familiar, es para
quedarse en casa cuidando a la familia, sin posibilidad de empleo. Lo
mismo ocurre con los visados de estudiante, que no permiten acceder a un
empleo.
La misma ley establece un sistema de puntos para los permisos de
trabajo que especifica el grado de utilidad del extranjero. En todo
caso, el sistema no contempla una vía para adquirir la residencia
permanente a través del trabajo, salvo situaciones excepcionales. En
condiciones normales, el permiso de residencia -que, generalmente, se
concede por plazos entre los tres meses y los cinco años, aunque un año
renovable es lo más frecuente- finaliza cuando expira el contrato o
llega la edad de jubilación. En el caso de los permisos de residencia
por matrimonio, el derecho a la estancia se pierde en caso de divorcio.
Para trabajar en Estados Unidos es necesario un permiso de trabajo que se obtiene a través de diferentes visas o la famosa green card que otorga residencia permanente y la obligación de tributar en el país, informa Yolanda Monge
desde Washington. Si eres lo que se conoce como expatriado y tu empresa
te envía a trabajar a EE UU solo puedes hacerlo para esa empresa y una
vez que se acabe el contrato tienes que abandonar el país o correr el
riesgo de ser deportado. A diferencia de otros países, como en EE UU no
hay idioma oficial las autoridades no incluyen su conocimiento entre los
requisitos. Una cuestión sobre la que el Tea Party hizo bandera pero
que muchos expertos consideran inconstitucional.
El actual presidente, Donald Trump, ha endurecido considerablemente la política contra la inmigración ilegal pero también contra la legal, en
lo que muchos colectivos consideran un intento de “blanquear” el país.
La Casa Blanca ha reducido drásticamente las admisiones de asilo; ha
ralentizado el proceso de solicitud de residencia legal; ha denegado la
estancia a personas que reciben ayudas del Estado; ha prohibido la
entrada en EE UU a ciudadanos de más de 10 países musulmanes; y ha
restringido las visas a las mujeres embarazadas.
El vecino del sur, por el contrario, se caracteriza por sus laxas
normas migratorias: en México solo se necesita un contrato laboral para
poder tramitar la residencia temporal y no se requiere saber español,
informa Georgina Zegana desde México. Pese a ello el
país atraviesa una de sus más grandes crisis migratorias, principalmente
por el tránsito ilegal de gente. La constancia de las caravanas de
migrantes provenientes de Centroamérica ha forzado al Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador a dar un giro de 180 grados en la política
migratoria y de la política de “puertas abiertas” ha pasado a blindar la frontera sur.
López Obrador ha insistido en que no quiere que México sea un país
solo de paso para llegar a Estados Unidos. Por eso creó el programa
Quédate en México, con la intención de ofrecer un puesto de trabajo a
aquellos migrantes que solicitaran el asilo en el país, una iniciativa a
la que se apuntaron más de 60.000 personas en el primer año.
No hay comentarios:
Publicar un comentario