ATENAS.-
Las instituciones acreedoras de Grecia comenzaron este miércoles en
Atenas su quinta evaluación del periodo postrescate para analizar el
programa gubernamental de alivios fiscales para 2020, la gestión de la
cartera de deudas morosas de los bancos y las privatizaciones.
Examinarán
además la reforma de la legislación sobre bancarrota de individuos que
se pondrá en marcha el 1 de mayo, tras el vencimiento del marco legal de
protección de la primera vivienda.
Los
representantes de la denominada cuadriga -Comisión Europea (CE), Banco
Central Europeo (BCE), Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y Fondo
Monetario Internacional (FMI)- desean un marco legal para la quiebra de
individuos que, al igual que el que rige la quiebra de empresas, les
permita con condiciones claras reestructurar sus deudas.
La
visita de los acreedores, que durará tres días, forma parte de la
supervisión reforzada que incluye controles trimestrales de la economía
griega.
Grecia
debe generar un superávit primario -que excluye el servicio de la
deuda- del 3,5 % del producto interior bruto (PIB) hasta 2022.
Según
fuentes gubernamentales el Ejecutivo propuso utilizar la recaudación de
los beneficios de los bonos griegos generados por los bancos centrales
de los países europeos para aliviar el peso impositivo a individuos y
empresas.
De momento, estos beneficios deben utilizarse exclusivamente para la reducción de la deuda del Estado.
El
Gobierno solicitó además que, si llega a superar su objetivo de
superávit primario, se le permita transferir este dinero sobrante a los
Presupuestos del año siguiente.
Hasta
ahora en este caso el Gobierno tiene tan solo dos posibilidades:
ofrecer ayudas sociales especiales o utilizar este dinero para la
reducción de la deuda del Estado.
El
Gobierno propuso también que el dinero gastado en gestionar la crisis
de refugiados no se incluya en el cálculo del superávit primario. Este
año se calcula que el gasto gubernamental en refugiados alcance 200
millones de euros.
Además,
el Gobierno comenzó la negociación para una reducción del objetivo de
superávit primario a partir de 2021, dos años antes de lo previsto.
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