El más nuevo fondo de pensiones de Chile rompe filas y respalda la reforma

SANTIAGO.- El plan del gobierno chileno para potenciar el rol del estado en el sistema de pensiones privadas es un paso en la dirección correcta, pero no avanza lo suficiente, según la administradora de fondos creada más recientemente.

"Necesitamos dinero de los contribuyentes" para establecer un sistema de pensiones para todos los chilenos, dijo Ignacio Álvarez, presidente y fundador de AFP Uno, en una entrevista esta semana. "No se puede discriminar por el nivel de ingresos porque las pensiones deben ser un derecho social".

El gobierno del presidente Sebastián Piñera quiere que los empleadores paguen un 3% adicional de los salarios a las cuentas de ahorro individuales de sus empleados y otro 3% a un fondo público para aumentar los pagos de jubilación para los pobres. 

Los fondos de pensiones privados, a excepción de AFP Uno, dicen que todo el dinero fresco debería destinarse a cuentas de ahorro individuales. Por el contrario, muchos en la oposición dicen que todo el dinero extra debería ir a un fondo solidario para redistribuir el dinero a los pobres.

Es un debate que podría generar reacciones.

Chile ha estado dividido por las protestas durante tres meses, con manifestantes que exigen mejores pensiones, atención médica y educación. La reforma de las pensiones es un intento para apaciguar algunas de esas demandas; cualquier sensación que indique que la revisión no será suficiente probablemente estimule nuevas manifestaciones.

"Es muy importante que nos aseguremos de que la transferencia de recursos de una generación a otra sea sostenible a largo plazo", dijo Álvarez. "Esto no puede perjudicar las pensiones de las generaciones futuras".

AFP Uno fue fundada por Ignacio y José Manuel Álvarez el año pasado. Hasta 2015, Álvarez era director ejecutivo de AFP Cuprum, adquirida en 2012 por Principal Financial Inc. por más de 1.500 millones de dólares. 

Al ofrecer cobrar una comisión baja de 0,69% de los salarios, AFP Uno obtuvo una licencia de dos años del Estado chileno para inscribir automáticamente a las personas que se unen a la fuerza laboral por primera vez.