WASHINGTON.- El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó este jueves una
serie de reformas para facilitar y acelerar el proceso de aprobación
proyectos de construcción de infraestructuras, una medida criticada por
los ambientalistas, que afirman que lo hará a costa de una mayor laxitud
en la redacción de informes de impacto ambiental.
Esto
supone la aplicación de cambios en la Política Nacional Medioambiental
(NEPA, en sus siglas en inglés), aprobada hace 50 años, con los que
espera reducir en un 70 % los "siete años de media" que se tarda en
aprobar los proyectos.
"Por
primera vez en más de 40 años, hemos aprobado una nueva regla dentro de
NEPA para acabar completamente con la disfunción burocrática del
sistema", dijo el propio Trump en una comparecencia de prensa.
Con
estos cambios la Administración de Trump pretende reducir a un máximo
de dos años el tiempo de espera para conocer si un proyecto ha sido
aprobado mediante la reducción de duplicidades, permitir a las agencias
federales utilizar "documentos de carácter estatal, local y tribal" para
el elaborado de los informes ambientales y autorizar que los propios
patrocinadores de los proyectos sean los responsables de redactar dichos
escritos, entre otros.
Trump
aseguró que todo ello permitirá mejorar las infraestructuras del país,
que calificó de tercermundistas, y creará nuevos puestos de trabajo para
que "Estados Unidos pueda competir en el siglo XXI".
La
medida ha generado numerosas críticas de las organizaciones
ecologistas, que creen que rebaja los estándares ambientales requeridos
para el desarrollo de infraestructuras.
Algo
con lo que no está de acuerdo la presidenta del Consejo de la Casa
Blanca sobre Calidad Ambiental, Mary Neumayr, quien hoy aseguró que lo
aprobado por Trump este jueves "reforma el proceso para recabar
información pero no cambia ninguna legislación medioambiental", por lo
que leyes como la de protección de la calidad del aire o del agua siguen
teniendo que ser respetadas.
Sin embargo, activistas como Stephen Schima, asesor legislativo de Earthjustice, difieren de lo expresado por Neumayr.
"La
ley (NEPA) se basó en décadas de activismo de personas que querían
opinar en las decisiones que afectan su salud, sus vidas, sus
comunidades y su entorno. Sin ella, el Gobierno tendrá más facilidad
para permitir que la industria sucia derribe árboles, coloque refinerías
junto a escuelas y ponga en riesgo nuestra salud", denunció Schima en
un comunicado.
En
noviembre de 2019, miembros de la industria, junto a la Cámara de
Comercio de EE.UU., enviaron una carta Neumayr en la que le pedían
"modernizar los proceso de NEPA" bajo el argumento de que "asegurar la
aprobación de proyectos y la gestión de tierras se ha traducido en la
obstrucción de estos por culpa de los costes irracionales y grandes
retrasos".
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