PARÍS.- La nueva ronda de
negociaciones entre el gobierno francés y los sindicatos sobre una
controvertida reforma del sistema de pensiones concluyó este martes sin
avances concretos, en un pulso que tiene sumido a Francia en su peor
huelga de transportes en varias décadas.
"Las huelgas no están
cerca de parar", declaró a la salida de la reunión Catherine Perret, una
de las dirigentes del sindicato CGT, que exige el retiro total de la
reforma, que fue una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron.
El ejecutivo pretende eliminar los 42 regímenes de
jubilación que existen actualmente en Francia y reemplazarlo por uno
universal. Pero el punto más controvertido es la llamada edad "pivote"
que retrasa de dos años, de 62 a 64 a partir de 2027, la edad para
jubilarse con una pensión completa.
"En el estado de tensión en el
que está nuestro país, sería positivo que se retire la edad pivote del
proyecto de ley actual", declaró Laurent Berger, el secretario general
del sindicato CFDT, más moderado, al cierre del encuentro, del que
rescató "señales de apertura" por parte del gobierno.
Aunque
ninguna de las partes parece dispuesta a ceder, el ejecutivo convocó un
nuevo encuentro el viernes para hablar sobre una conferencia de
financiación del sistema de las pensiones, propuesta por la CFDT.
Decididos
a seguir ejerciendo una máxima presión sobre el ejecutivo, los
sindicatos convocaron dos nuevas jornadas de movilización el jueves y el
sábado.
El 5 de enero, en la primera jornada de protestas
nacionales, más de 800.000 personas salieron a las calles en toda
Francia a expresar su rechazo al texto.
Emmanuel Macron hizo de
reforma del sistema de pensiones un punto clave en su campaña electoral
de 2017, afirmando que un sistema universal basado en puntos sería más
justo.
No obstante, en las últimas semanas el gobierno ya ha hecho
una serie de concesiones al personal policial y militar, así como a los
pilotos y controladores aéreos, permitiéndoles seguir jubilándose
anticipadamente o mantener sus beneficios por separado durante varios
años todavía.
Encontrar una solución a
este conflicto social es urgente, sobre todo para los usuarios de los
transportes públicos, pero también para los comercios, restaurantes y
hoteles, que registran pérdidas millonarias, principalmente en París.
En
primera línea contra la reforma, la compañía de ferrocarriles, la SNCF,
y la del transporte público de la región parisina, la RATP, cumplían el
martes 34º días en huelga, superando al paro de 1986-1987, cuando los
trabajadores de la SNCF estuvieron en huelga 28 días consecutivos.
El
operador de trenes dice que ha perdido más de 600 millones de euros
(670 millones de dólares) en la venta de billetes desde que comenzó la
huelga.
El director de la Cámara de Comercio y Artesanía de París
señaló por su parte que las ventas al por menor en la capital se
redujeron entre un 30% y un 40%.
El sindicato CGT, que
exige el retiro total del proyecto, ha intensificado su protesta
llamando a un bloqueo de cuatro días de las refinerías y depósitos de
combustible a partir del martes, lo que aumenta los temores de una
escasez de gasolina.
Enfermeras, fisioterapeutas y abogados, entre
otras docenas de profesiones con sus propios regímenes de pensiones,
también han votado a favor de acciones de huelga esta semana.
A medida que continúa el estancamiento, el apoyo público a
la huelga, que se mantuvo alto durante todo el primer mes, ha comenzado
a caer.
Una encuesta de la firma Harris Interactive realizada el
lunes mostró que un 60% de los franceses sigue apoyando la huelga, una
disminución de 9 puntos desde su inicio.
Otra encuesta, de la firma Ifop, arroja sólo 44% de respaldo, siete puntos menos que la encuesta anterior del 20 de diciembre.
El
gobierno espera presentar su proyecto de ley ante el consejo de
ministros el 24 de enero, antes de que pase a examen del Parlamento a
partir del 17 de febrero.
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