SANTIAGO.- El presidente de Chile,
Sebastián Piñera, resolvió abrir la billetera para hacer frente a la
extensa crisis social que enfrenta su país y que ha desplomado la
economía local, sin que se vean por el momento salidas claras ni medidas
que convenzan a los manifestantes.
Después de lanzar el lunes un
paquete de medidas para reactivar la economía por 5.500 millones de
dólares, el mandatario derechista anunció este martes la entrega de un
bono único por unos 124 dólares para 1,3 millones de familias
vulnerables, equivalente a un cuarto del total de hogares del país.
"Sé que los bonos no resuelven los problemas, o no
resuelven todos los problemas, pero también sé que significa un
importante alivio, una ayuda, en un momento en que tantas familias
chilenas lo necesitan", afirmó el mandatario.
La ayuda
extraordinaria se pagará una única vez en enero, al igual que un bono
que se entrega cada año en marzo a las familias más pobres, en un mes en
que arranca el año escolar en Chile y se incrementan los gastos de la
familias, detalló el ministro de Economía, Lucas Palacios.
"Es un bono por una sola vez", con un gasto público total de "más de 185 millones de dólares", agregó el ministro.
Las
medidas económicas fueron anunciadas luego del desplome de la economía
durante octubre, con una caída de 3,4% de la actividad en el mes que se
iniciaron las protestas sociales que se saldan con 23 muertos.
El
registro superó las peores estimaciones del mercado y del gobierno,
donde se anticipaba una caída en un rango de entre 0,5 y 2%, dando
cuenta del profundo efecto de la semiparalización del comercio y otros
servicios, como el turismo, tras el estallido social.
El plan de
reactivación, centrado en una mayor inversión pública, protección del
empleo y apoyo a las pequeñas empresas, implicará un aumento real del
gasto público el próximo año de 9,8% en comparación con 2019, lo que
provocará que el déficit fiscal se eleve hasta 4,4% del PIB.
Las
personas que con las protestas en distintas ciudades del país sienten
que no han tenido respuesta a sus demandas para transformar al sistema
económico chileno en uno más igualitario, que aporte bienestar social.
El
plan de Piñera parece enmarcado "dentro de un escenario de
desesperación del Gobierno", según consideró el analista de la
Universidad de Talca, Mauricio Morales.
"En lugar de proponer un
nuevo pacto tributario que afecte directamente a los empresarios más
grandes del país y del 1% más rico, el Gobierno ha optado
sistemáticamente por medidas parche que sólo contribuyen a exacerbar los
ánimos de la calle y de la oposición", agregó el analista.
Felipe Balmaceda, economista y académico
de la Universidad Diego Portales, considera que "el plan de de
reactivación es adecuado, pero no hay un paquete de reactivación que
pueda lograr los objetivos si no hay orden público", explicó.
Por
su parte, los bonos "son una política de cortísimo plazo, que tienen un
corte populista y ante la situación puede ser bueno pero no creo que
traiga consecuencias reactivadoras", indicó.
Transcurridos 46 días
de crisis social, con multitudinarias manifestaciones, violentos
enfrentamientos con la policía, saqueos, incendios y ataques al
comercio, la agenda social del gobierno de Piñera prevé un aumento del
50% de las pensiones básicas, la rebaja a la mitad del pasaje del
transporte público para los adultos mayores, junto a un aumento del
ingreso mínimo a cuenta del Estado.
Sin embargo, no está planteada
una reforma profunda al sistema de pensiones ni un incremento de los
tributos, tampoco una reforma sustancial a la salud pública o privada,
que son las principales demandas de los cientos de miles de personas que
han salido a las calles en más de seis semanas.
No se ha
anunciado tampoco medidas para castigar con mayor dureza los delitos de
colusión empresarial o cohecho, castigadas con penas bajas, que han
generado una sensación de gran impunidad.
"Creo que ya es hora que
los abusos de 'cuello y corbata' tengan penas de cárcel duras y
efectivas. A la ciudadanía le cuesta entender que una persona que vende
unos CDs en la calle termine siendo quemada en una cárcel, muriendo, y
resulta que delitos de cuello y corbata no terminan en la cárcel", dijo
el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC),
Alfonso Swett.
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