BUENOS AIRES.- El Senado argentino aprobó en la madrugada del sábado un proyecto de
“emergencia económica” y convirtió en ley una serie de medidas con las
que el gobierno del presidente Alberto Fernández busca impulsar el
crecimiento, reducir la pobreza, contener la inflación y renegociar la
deuda pública.
Con 41 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención, los senadores
aprobaron sin modificaciones las medidas que habían sido tratadas el
viernes por la Cámara de Diputados.
Fernández, quien asumió el
cargo el 10 de diciembre, había tenido que aceptar el viernes cambios
menores a la denominada ley de “Solidaridad Social y Reactivación
Productiva”, que no le dará al mandatario todos los poderes que
solicitaba y le reembolsará parte del pago de impuestos a los
agricultores de baja escala.
Ante la solicitud urgente del nuevo
Gobierno de centroizquierda, que dispuso sesiones especiales para votar
la norma en el Congreso, los legisladores aprobaron el proyecto que
busca mantener el equilibrio fiscal para garantizar el pago futuro de la
deuda pública -actualmente bajo renegociación- y, a la vez, expandir el
gasto social para impulsar la economía.
“Para poder salir de la
emergencia económica y social en la estamos, vamos a trabajar para
construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos”,
dijo Fernández en su cuenta de Twitter.
La mayor parte del apoyo a la norma provino del oficialista Frente de
Todos, que hizo referencia a la situación económica y social que dejó
el gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuyo partido Juntos por el
Cambio votó en contra.
“Esta ley atenta contra la república”,
dijo durante la sesión el senador opositor Esteban Bullrich. Sin
embargo, aclaró que “no estamos en desacuerdo con toda la ley”.
Argentina
está sumida en una prolongada recesión, una inflación superior al 50%
anual y una pobreza cercana al 40%, pero también debe lidiar con su
deuda pública: hay cerca de 100.000 millones de dólares que el país dice
que actualmente no puede cancelar, por lo que intensificó las
conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), su principal
acreedor.
La ley otorga al Gobierno la facultad de gestionar las
negociaciones con acreedores para “asegurar la sostenibilidad de la
deuda” y lo autoriza a usar hasta 4.571 millones de dólares de las
reservas del Banco Central para el pago de la deuda.
La norma
también da al Poder Ejecutivo autorización para subir impuestos a las
exportaciones agrícolas hasta el 33% del valor de los embarques, aunque
el oficialismo debió aceptar dar reembolsos a los productores de baja
escala ante cuestionamientos del sector.
Además, la iniciativa incluye un impuesto del 30% para la compra de
divisas, el pago de servicios en el exterior y los gastos por turismo en
el extranjero. También congela los incrementos de las tarifas de
servicios públicos y la fórmula de aumento a los jubilados por 180 días.
“Este proyecto representa un nuevo tipo de ajuste fiscal para
Argentina, ya que está enfocado en cobrar impuestos a los ricos”, dijo
el analista Julio Burdman, director de la consultora local Roger Data.
“Combina
una sólida política económica con un abordaje político progresista. En
el pasado, teníamos austeridad ortodoxa sin sensibilidad social o
políticas inflacionarias sin racionalidad macroeconómica”, agregó.
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