BUENOS AIRES.- El Congreso de Argentina
inició este jueves el tratamiento de una ley de emergencia económica,
una prueba de fuego para el presidente peronista Alberto Fernández nueve
días después de asumir el gobierno de un país "en virtual default".
"Solo
nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar
los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal",
dijo Fernández en las redes sociales, momentos antes del comienzo de la
sesión.
El gobernante Frente de Todos (FdT), liderado por el
peronismo, logró el quórum a las 16:00 locales (19:00 GMT) para una
sesión que se prolongará al menos durante 14 horas, según fuentes
legislativas.
"La ley se llama de Solidaridad Social y es la
palabra justa de lo que hace falta cuando la emergencia es económica,
sanitaria, financiera, fiscal, de la deuda", anunció el miembro
informante del oficialismo, Carlos Heller.
El bloque que responde
al expresidente liberal Mauricio Macri (2015-2019) y conforma la
segunda minoría en la Cámara baja, anticipó su voto negativo.
"Reconocemos
que en estos 4 años cayó la economía y aumentó la pobreza y la
inflación, con deuda pública con problemas de liquidez. Pero también
bajó el déficit fiscal y el gasto público primarios y bajó la presión
impositiva. El desempleo bajó un poco ¿Estamos realmente en
emergencia?", cuestionó el opositor Luis Pastori.
El proyecto,
también llamado de Reactivación Productiva, aplica nuevos impuestos y
congela por 180 días tarifas de servicios públicos, en un país cuya
economía sufre una caída de 3,1% en 2019.
Antes de los debates,
Santiago Cafiero, jefe de Gabinete del gobierno instó a aprobar la ley
al advertir la "economía está en virtual default y el 40% de nuestros
habitantes está por debajo de la línea de pobreza"
Si Diputados la aprueba, el Senado -con mayoría peronista- está en condiciones de tratarla el viernes.
"Hay
una realidad con la que hay que lidiar que es que el país no ha
generado dólares", advirtió el ministro de Economía, Martín Guzmán, al
explicar la aplicación de los nuevos impuestos que van desde la compra
de divisas (30%) y las exportaciones agrícolas a los autos cero
kilómetros, que aumentarán entre 25 y 54%.
Estos gravámenes van de
la mano de otras medidas urgentes como bonos para las jubilaciones más
bajas que están por debajo de la línea de pobreza, y más de 2 millones
de tarjetas alimentarias para los más desfavorecidos.
El gobierno
propone congelar por 180 días un cuestionado sistema automático de
aumentos semestrales de jubilaciones, pero aseguró que otorgará
incrementos por decreto a los niveles más bajos de los haberes.
La
prometida alza en el impuesto a la compra de dólares puso en alerta a
los argentinos, acostumbrados a ahorrar en divisas para hacer frente a
la depreciación del peso (40% este año) y a la inflación (55%).
El
tipo de cambio oficial cotiza este jueves a 63,10 pesos por dólar, pero
trepa hasta 76,60 en el mercado ilegal, en una Argentina a punto de
iniciar las vacaciones estivales.
La medida profundiza el duro
control de cambios que impuso Macri en noviembre pasado al restringir a
200 dólares el monto mensual autorizado para la compra, luego de haberlo
liberado al asumir en 2015.
El gobierno de centroizquierda
propone subir al 33% la tasa que grava las exportaciones de granos de
soja y del 15% la que grava al maíz y el trigo, los tres principales
cultivos de un país considerado una de las mayores potencias agrícolas
del mundo.
Fernández anunció a último momento un pedido a los
diputados a que fijen "compensaciones para los pequeños productores"
agrícolas para que no sufran el alza del impuesto.
El poderoso
sector agrario, el único que creció durante el último año según datos
oficiales, rechaza el incremento del impuesto, que ya lo llevó a un duro
enfrentamiento en 2008 con la entonces mandataria Cristina Kirchner,
actual vicepresidenta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario