BUENOS AIRES.- El gobierno del nuevo
presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó un aumento de los
impuestos a las exportaciones agropecuarias, medida que suscitó un
fuerte enfrentamiento del sector cuando gobernaba Cristina Kirchner,
actual vicepresidenta.
A partir de un decreto publicado este
sábado en el Boletín Oficial, deja sin efecto el tope de 4 pesos por
dólar de gravamen que había impuesto el anterior gobierno de Mauricio
Macri, por lo que las retenciones quedan en 12%.
En el anterior gobierno, esa tasa se redujo casi a la
mitad a medida que el peso se desplomaba frente al dólar. El viernes, la
moneda argentina cerró en 63,07 pesos por dólar, una depreciación de
70% desde enero de 2018.
El decreto de Fernández aplica
parcialmente para el trigo, el maíz y la soja, que volverán al gravamen
de 12%. Para la soja, el mayor producto de exportación, ese índice se
sumará a otro 18% que ya pagaba, por lo que su venta al extranjero
estará gravada con 30% de su precio.
La carne, pesca, lana,
legumbres, harina de trigo, maní, arroz, leche en polvo, entre otros, se
gravan con un 9% fijo, mientras que habrá excepciones, como frutas y
productos regionales, que pagarán 5%.
"La grave situación por la
que atraviesan las finanzas públicas, resulta necesaria la adopción de
urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos
parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos",
justificó el gobierno.
Esta es una de las primeras medidas
económicas de Fernández, un peronista de centroizquierda, quien asumió
la presidencia el martes pasado en un país sumido en una recesión de más
de un año, con un inflación de 55% anual y una pobreza que golpea a
casi 40% de la población.
En Argentina, uno de los principales
productores de alimentos del mundo, el campo es el único sector que ha
crecido un 46% interanual en el segundo trimestre del año, según el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El
decreto puso en alerta al poderoso sector agrícola, que ya había
mantenido una fuerte disputa por los impuestos a las exportaciones con
protestas y bloqueos de ruta que tuvieron en vilo al país en 2008,
durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015), que había fijado
la tasa en 35%.
"Esto no suma, no lo predispone bien al productor
que se siente atropellado por un ánimo de revanchismo, que uno creía que
estaba empezando a cicatrizar", dijo Daniel Berdini, un
productor de soja, trigo y maíz, que fue dirigente de Coninagro,
confederación que agrupa a más de 100.000 cooperativas agrarias del
país.
Los representantes del campo se reunirán el lunes para analizar la medida.
"Fernández
se había comprometido en que íbamos a ser consultados. Pero hoy nos
desayunamos con esta suba de retenciones sin haber diálogo, ni consenso,
más allá de las retenciones me preocupa el método que se usó", agregó
Berdini.
Esta semana, un juez volvió a procesar por los cortes de
ruta de 2008 a dirigentes del campo, ya sobreseídos, bajo una nueva
figura de intento de desabastecimiento, lo que el sector entiende como
una "mala señal".
En tanto, circula en las redes sociales una
convocatoria a un "cacerolazo nacional" contra Fernández para el
miércoles próximo, ocho días después de su asunción.
El sector
agrícola fue uno de los principales aliados del gobierno saliente del
liberal Macri, quien al asumir en diciembre de 2015 había anunciado la
eliminación o baja paulatina de los impuestos a las exportaciones.
El
expresidente dio marcha atrás y volvió a aplicar retenciones en 2018,
cuando en medio de una crisis cambiaria y financiera acudió al FMI, que
concedió un crédito de 57.000 millones de dólares, de los cuales
Argentina ya ha recibido 44.000 millones.
Fernández,
que reclamó en su discurso de investidura "la solidaridad" de los
sectores más favorecidos, fijó también una doble indemnización para los
despidos sin causa por 180 días.
Con un desempleo creciente que
alcanzó 10,6% en el segundo trimestre, el ejecutivo busca evitar que
siga el deterioro del mercado laboral.
Se espera además el
inminente anuncio de la puesta en marcha de un "dólar turista", 20% más
caro que el dólar oficial, para las compras y los gastos en el exterior.
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