SANTIAGO.- El
Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) informó que 352 personas sufren heridas oculares por la presunta acción
de las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas del país
al disparar balines de goma con escopetas.
En 21 de esos casos se produjo el estallido o la pérdida de un ojo mientras que el resto corresponde a lesiones o traumas.
La cifra supone un incremento de 111 personas respecto al anterior reporte del INDH, del pasado 3 de diciembre.
Las
heridas oculares se han convertido en uno de los mayores traumas del
estallido social de Chile, que se alargan ya por 50 días y que han
dejado al menos 23 fallecidos.
Los
casos más paradigmáticos son los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai,
quienes perdieron la visión de sus dos ojos al ser presuntamente
disparados con una escopeta de balines de goma y con una bomba
lacrimógena, respectivamente, por agentes policiales.
El
INDH, un ente público pero autónomo e independiente, difundió también
que 3.449 personas han sido heridas desde que comenzaron las protestas,
el pasado 18 de octubre, de las que 1.982 habrían sido por disparos de
bala, balín, perdigones u objetos no identificados.
Además,
el organismo ha interpuesto un total de 685 querellas contra la acción
de los agentes del Estado, de ellas 6 por homicidio, 11 por homicidio
frustrado, 108 por violencia sexual y 544 por torturas y tratos crueles.
El
director del INDH, Sergio Micco, señaló que en Chile se están dando
"conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas
antidisturbios", algo en lo que dijo coincidir con el informe que este
viernes emitió la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH)
sobre la situación en el país.
La
CIDH expresó su "condena al uso excesivo de la fuerza" y los graves
desmanes durante las protestas sociales en Chile y subrayó su
preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los
derechos humanos.
En
un comunicado, la CIDH pidió, además, a las autoridades chilenas que
ordenen "el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por
parte de las fuerzas de seguridad del Estado".
Respecto
al informe de la CIDH, el Gobierno de Chile respondió que comparte su
preocupación y que su compromiso "ha sido y es que las fuerzas de orden y
seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido
encomendado para resguardar la seguridad y el orden público respetando
siempre los derechos humanos de todas las personas".
Así
lo destacó un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
en el que el Gobierno valoró también que la CIDH repruebe que en
determinadas circunstancias grupos de manifestantes hayan provocado
graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos
contundentes contra las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento
público, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones.
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