SAN SALVADOR.- Alrededor
de 50 sindicatos de El Salvador, aglutinados en el movimiento "No +
AFP", insistieron este jueves en la creación de una entidad autónoma y
pública en el país centroamericano para la administración de los fondos
de las pensiones de los trabajadores estatales y privados.
Los
sindicalistas de los sectores de justicia, salud, educación y seguridad
realizaron una manifestación que recorrió algunas de las principal
calles de San Salvador y que concluyó en el Parque Libertad, donde los
sindicalistas hicieron un llamado a los diputados para que "se derogue
la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones", normativa que recientemente
fue reformada.
La
sindicalista Reina Sigarán dijo que la referida ley "debe ser
derogada porque no fue elaborada para beneficiar al trabajador pobre,
sino para respaldar el robo que las AFP hacen al administrar las
pensiones".
"Queremos
que desaparezcan las AFP (...) no queremos más AFP en El Salvador. La
amenaza de recibir pensiones de hambre y miserables está ahí, por lo que
la clase trabajadora organizada seguirá presionando para se dé al
trabajador un dinero justo y digno a su retiro", manifestó.
Sigarán,
secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños
(Sinejus), señaló que "es urgente crear un instituto autónomo de
previsión social que sea administrado por los trabajadores".
"Si
no son escuchadas nuestras demandas y no nos hacen participes para
encontrar una solución, saldremos a la calle como ha pasado en Chile y
en Ecuador", advirtió.
Por
su parte, la sindicalista Ineth Portillo señaló que "la
privatización de las pensiones ha generado pobreza y miseria para miles
de trabajadores pasivos y riqueza para unos pocos".
"El
trabajador pobre nunca saldrá de la pobreza porque durante su etapa
laboral recibir un sueldo mínimo (300 dólares) de miseria y al jubilarse
tendrá una pensión de miseria y hombre", añadió.
Paralela
a la marcha de sindicatos, veteranos de la guerra civil (1980-1992)
realizaron una manifestación para exigir mejoras a sus pensiones.
En
abril de 2017 el Gobierno de El Salvador cayó en el impago de la deuda
con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por la falta de
acuerdos entre el oficialismo de ese momento, el Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), y la oposición para
emitir bonos y saldar el pago.
Para
saldar el impago, la Asamblea Legislativa modificó el sistema de
pensiones e incrementó la cotización de los trabajadores en dos puntos
porcentuales del salario, con lo que pasó del 13 % al 15 %.
De
ese total (15 %), solamente un poco más de la mitad de lo ahorrado (el
8,1 %) va para la cuenta del trabajador, un 5 % pasa al fondo solidario y
un 1,9 % va para el pago de las AFP por administrarlo.
Esto
significa que a la persona que gana el salario mínimo (300 dólares) se
le descuentan mensualmente de AFP 21,75 dólares; su empleador paga 23,25
dólares y en total suman 45 dólares. De eso, 24,3 dólares van para la
cuenta individual, 15 dólares para el fondo solidario y 5,7 dólares para
la AFP.
La edad de jubilación para las mujeres se mantuvo de 55 años y para los hombres de 60 años.
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