QUITO.- El alcalde de Quito, Jorge Yunda,
reveló que la capital de Ecuador pierde diariamente casi
300 millones de dólares por afectaciones, desperfectos, el paro
comercial y la falta de exportaciones de su aeropuerto, originados por
las protestas contra las medidas económicas del Gobierno.
En una comparecencia, Yunda se mostró preocupado por la situación antes
de dar a conocer una "evaluación negativa, no vista en las últimas
décadas".
Citó que los disturbios que se iniciaron el jueves en
paralelo al paro de transportistas, han "destruido el centro histórico",
que más de 200 agentes de tránsito fueron agredidos y dos de ellos
retenidos y posteriormente liberados, a los que se suman una decena de
motos incendiadas por los manifestantes.
Añadió que
se han registrado alrededor de 110 millones de dólares en pérdida
diarias por las afectaciones del comercio y la productividad en la
ciudad y otros 180 adicionales en exportaciones a través del aeropuerto
internacional Mariscal Sucre de Quito.
La autoridad
municipal subrayó la incertidumbre que provoca la situación así como el
desconocimiento sobre cuándo se producirá una solución.
Yunda precisó que se produjeron desperfectos y severos daños al
mobiliario urbano y enumeró daños a vehículos, contenedores de basura de
una empresa subsidiaria del Municipio de Quito, afectación en áreas
patrimoniales, a cámaras de seguridad y saqueos en centros comerciales,
especialmente en el sur de la ciudad.
También reportó agresiones a vehículos de equipos de atención de emergencia como ambulancias y carros de bomberos.
Ecuador afronta su segundo día de estado de excepción decretado por el
Gobierno, con una reducción en la intensidad en las manifestaciones, que
estallaron por la eliminación de subsidios a los combustibles, en el
marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
La titular del Interior, María Paula Romo,
cifró en 350 las personas detenidas desde que comenzaron las
manifestaciones, entre ellas, dirigentes del transporte en Quito y en el
sur del país.
A raíz del bloqueo de los
transportistas y los incidentes violentos el Gobierno decretó el jueves
un estado de excepción, con una duración de 60 días, al objeto de
garantizar el suministro de servicios básicos a la población.
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