ROMA.- El Gobierno italiano ha propuesto subir el impuesto a la
bollería industrial, las bebidas azucaradas y a los billetes de avión,
una iniciativa con la que prevé recaudar 1.500 millones de euros al año y
que ha puesto en pie de guerra al sector alimentario y a las
asociaciones de consumidores.
La idea ha sido del
ministro de Educación, Lorenzo Fioramonti, del Movimiento 5 Estrellas
(M5S), bajo el argumento de que gravar la bollería y las bebidas
azucaradas protegerá la salud de los niños, mientras que el impuesto a
los vuelos responde a su factor contaminante.
Fioramonti no ha dado muchos detalles, pero ha
justificado que el Estado recaudaría 1.500 millones para 2020 y podría
destinarlos a investigación y educación, una idea que ha sido criticada
por organizaciones empresariales y consumidores, que solicitan una mesa
de diálogo con el Ejecutivo para abordar la cuestión.
La asociación de consumidores Codacons ha señalado en una nota que el
gravamen sobre la bollería industrial y los refrescos carbonatados
provocará a las familias "un gasto de 58 euros más por año" y su "efecto
disuasorio en el consumo sería mínimo, de un 10 %", tal y como
demuestra "la experiencia de otros países que han aplicado medidas
similares", mientras que "no tendría un efecto real en la salud".
El presidente de Codacons, Carlo Rienzi, ha calificado la medida de
"hipócrita" porque "solo sirve para ganar dinero a costa de los
consumidores" y perjudicará al sector alimentario, "especialmente a las
pequeñas y medianas empresas".
En cuanto a los
billetes de avión, Codacons ha rechazado que los viajeros deban pagar
más, cuando en Italia "ya se aplican una serie de gravámenes
aeroportuarios, de seguridad, municipales y comisiones, que en muchos
casos elevan el precio del billete en un 40 %".
La
medida no es nueva, el M5S ya avanzó su intención de aplicar un impuesto
a las bebidas carbonatadas en otoño del pasado año, cuando gobernaba
con la Liga, aunque finalmente no se llevó a cabo.
La asociación que agrupa a las sociedades de refrescos en el país,
Assobibe, calcula que "produciría una contracción del 30 % en las
ventas" y golpearía severamente a un sector que "en los últimos 10 años
ha sufrido una disminución del consumo del 25 %".
"Un
impuesto de este estilo causaría un retroceso del 10 % del valor de
nuestras actividades y pondría en riesgo 10.000 empleos", explica
el presidente de Assobibe, David Dabiankov.
Lamenta
que "en Italia, la presión fiscal ya es muy alta" y el sector de las
bebidas refrescantes "tiene un impuesto sobre el valor añadido (IVA) del
22 %, por lo que una penalización adicional sería demoledora".
Dabiankov recuerda que la propuesta del M5S en otoño de 2018 habría
aumentado "40 céntimos el litro", lo que supondría "prácticamente una
subida del 50 % del precio".
La federación que
representa a la industria alimentaria en Italia, Federalimentare,
también ve un impuesto al azúcar como una decisión "equivocada, que
tendría efectos nulos para la salud pública y castigaría a la economía
doméstica".
Esta federación se apoya en ejemplos como
Francia, que "introdujo un impuesto para bebidas azucaradas en 2012,
que provocó una caída del 2,2 % en las ventas al inicio antes de
regresar a los mismos niveles o Dinamarca, que en 2014 eliminó la tasa
sobre los refrescos, tras reconocer su naturaleza regresiva".
La asociación que agrupa a empresas del sector alimentario italiano
Unione Italiana Food subraya que la producción de la bollería en Italia
generó 1.000 millones de euros en 2018 y evidencia que el sector ha
hecho esfuerzos para reducir en los últimos diez años en un 30 % la
presencia de azúcares.
Por su parte, la
vicedirectora general del Instituto italiano Bruno Leoni, uno de los
laboratorios de ideas más reputados del país, Serena Sileoni, sostiene
que los consumidores no dejarán de comprar estos
productos, aunque sean más caros, mientras que las empresas sí se verán
obligadas a utilizar ingredientes de menor calidad para reducir sus
costos.
"Detrás de estas ideas está la necesidad
recaudatoria del Gobierno", también en los impuestos a los billetes de
avión, sobre los que Sileoni se pregunta si buscan ayudar a la aerolínea
Alitalia, en administración concursal desde mayo de 2017.
"Alitalia siempre ha sido una empresa que ha tenido que ser ayudada por
los consumidores, incluso cuando ha sido privatizada", apunta.
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