RANGÚN.- El mundo debe cortar el apoyo financiero y de cualquier otro tipo a las
fuerzas armadas de Myanmar, dijo el martes la misión de investigación de
la ONU en el país, reiterando su llamamiento para que se procese a los
generales de alto rango por los abusos contra la minoría musulmana
rohinyá.
Las fuerzas de seguridad de Myanmar están acusadas de homicidio,
violación en grupo e incendio provocado durante la represión que obligó a
más de 730.000 personas a huir del estado de Rakáin occidental hacia el
vecino Bangladés tras los ataques a puestos de policía por parte de los
insurgentes rohinyá en agosto de 2017.
Myanmar ha rechazado la
mayoría de las acusaciones y ha rechazado un informe del pasado mes de
septiembre del grupo enviado por la ONU, que afirmaba que los oficiales
militares llevaron a cabo dicha campaña contra los rohinyá con
“intención genocida”, por lo cual deberían ser juzgados.
El
abogado australiano de derechos humanos y miembro de la misión,
Christopher Sidoti, dijo que no había visto ninguna prueba de que
Myanmar estuviera tratando de resolver la crisis o de facilitar el
regreso seguro de los refugiados.
Pese a la prohibición de
Myanmar de que visiten el país los expertos de la ONU han podido
recorrer la región, incluidos los campamentos de refugiados en el
distrito de Cox’s Bazar, en Bangladés, a partir de principios de este
mes.
“Debido a la gravedad de las violaciones cometidas en el
pasado y a su persistencia, se debe prestar atención a los vínculos
políticos, económicos y financieros del ejército de Myanmar, para
identificar quién y qué debe ser el objetivo”, dijo Sidoti.
Esto
constribuiría a los esfuerzos para cortar el suministro de dinero, como
medida para aumentar la presión y reducir la violencia, añadió.
La
declaración no identificó naciones específicas. Los militares de
Myanmar compran armas a China y Rusia, entre otros. Muchos países
occidentales han apoyado programas de formación sobre abusos de derechos
humanos e imponen embargos de armas.
Myanmar rechazó la misión
de investigación cuando fue constituida en el Consejo de Derechos
Humanos de Ginebra en marzo de 2017, con el mandato de investigar los
abusos militares contra los rohinyá y en otros conflictos con grupos
armados de carácter étnico en Myanmar.
El portavoz del Gobierno, Zaw Htay, no atendió una llamada telefónica para recabar comentarios.
El
portavoz militar, el general Tun Tun Nyi, dijo que los militares
investigarían las acusaciones respaldadas por pruebas, pero que la
misión de investigación había hecho falsas acusaciones contra las
tropas.
“Nuestro país es independiente, así que no aceptamos que se interfiera en nuestros asuntos”, dijo a Reuters por teléfono.
El
ejército estaba cooperando con un grupo designado por el Gobierno sobre
supuestos abusos en Rakáin, dijo Tun Tun Nyi. Grupos de activistas por
los derechos humanos dicen que carece de credibilidad.
La misión
de la ONU dijo que todavía sigue recibiendo informes de abusos de
derechos humanos en los estados de Rakáin y Chin, donde los
enfrentamientos entre militares e insurgentes del grupo étnico de
Rakáin, donde la mayoría es budista, han desplazado a más de 30.000
personas desde finales del año pasado.
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