LIMA.- Los pueblos de la Amazonía peruana
se sienten abandonados y siguen sufriendo las consecuencias de los
derrames de petróleo que en 2016 tiñeron de negro los ríos donde pescan y
se bañan y las tierras donde cultivan yuca, maíz y maní, base de su
alimentación.
"Aquí no viene nadie, nadie nos
pregunta, ¿Cómo han llegado ustedes?", dice sorprendido un campesino
sentado en un pequeño embarcadero, en uno de los márgenes del río
Morona, cuando ve llegar a un grupo de periodistas de un país que no ha
oído nunca y cuyo viaje ha organizado Cáritas Española para que tengan
la posibilidad de escuchar a estos campesinos.
El último tramo de carretera está a más de siete horas a
través del río. Solo se puede acceder a las comunidades del distrito
Morona en embarcaciones que sortean los troncos que flotan en las aguas
de color marrón rojizo de este afluente del Amazonas.
Por sus comunidades pasa el oleoducto más largo del Perú, que funciona
desde 1974 transportando crudo desde los campos petrolíferos en la
Amazonía del norte peruano, cruzando la selva y los Andes, hasta la
costa de Bayóvar.
El Oleoducto Nor Peruano -de casi
mil kilómetros- está gestionado por la empresa estatal Petroperú con un
elevado riesgo para el medio ambiente por el precario mantenimiento,
según denuncian.
Hace algo más de dos años, 22
comunidades, la mayoría indígenas (kukama, kukamiria, shawi, wampis y
awajún) se vieron afectadas por una docena de vertidos por fugas de
crudo en el oleoducto, que tuvo que cerrar durante un año y realizar
tareas de mantenimiento.
Los pobladores están nombrando líderes y haciendo federaciones para
reclamar a las autoridades y a Petroperú que cumplan sus compromisos,
como construir un pozo cartesiano en cada comunidad para tener agua para
beber y "piscigranjas" para no tener que pescar en las zonas que
aseguran siguen contaminadas.
En el centro salud, que cubre todas las aldeas próximas, hay pocas
medicinas y tras los vertidos han aumentado los pacientes con afecciones
respiratorias (bronquitis, asma), cutáneas y dolores de cabeza, según
explica responsable de la red de salud, Oto Torres.
El hospital más cercano está a ocho horas en lancha (en San Lorenzo).
A media hora
navegando se llega hasta Tierra Blanca -donde viven once familias-,
punto de origen de otro de los vertidos que se extendió por la quebrada
Cashacaño y continuó por los cursos de los ríos Morona y Marañón.
Los agricultores explican que sus cultivos no crecen como antes de los
vertidos y que muchas plantas se secan cuando el río crece.
Organizaciones de la iglesia, como Pastoral de la Tierra y Cáritas,
están ayudando a estas comunidades a presentar demandas por la
vulneración de sus derechos durante la explotación de recursos naturales
por parte de las petroleras.
Pero también a implantar cultivos más sostenibles, incorporando a los tradicionales otros como árboles frutales y cacao.
Durante el recorrido por estas comunidades se expresan reproches hacia
sus autoridades por aprovecharse del desconcierto y del aislamiento que
sufren. La regidora de la provincia de Datem del Marañón, Rosana Moreno,
responde: "la municipalidad no ha cerrado los ojos para no ver la
realidad, pero lamentablemente a nivel nacional no nos dan inmediata
solución".
"Nos están matando, nos están exterminando
a la etnias por la contaminación del río de petróleo", lamenta la
regidora.
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