El Congreso desafía al Ejecutivo peruano al aprobar un retiro de fondos de pensiones

LIMA.- El retiro de un 25 % de los fondos de pensiones, aprobado este jueves por el Congreso de Perú, abre un nuevo enfrentamiento entre el Legislativo y el gobierno de Martín Vizcarra, que lucha en plena pandemia porque la economía también sobreviva al coronavirus SARS-CoV-2.

Los congresistas promulgaron una controvertida medida que Vizcarra había pedido expresamente que no se tomara mientras se busca un acuerdo que permitiera poner dinero retenido en los fondos en manos de la población pero que evitara una retirada masiva que pueda dañar el sistema previsional.

Para afrontar la crisis generada por la COVID-19, el Gobierno autorizó hace semanas el retiro de hasta 2.000 soles (591 dólares) de los fondos privados para los desempleados, y ayer mismo anunció que habilitaría el retiro de otros 3.000 soles más, pero eso no fue suficiente para el Congreso.

El primer retiro habilitado supuso dar acceso a los aportantes a unos 2.473 millones de dólares de sus pensiones.

Perú tiene 7,5 millones de afiliados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que acumulan 155.459 millones de soles (46.000 millones de dólares) -unos 20.000 millones (5.900 millones de dólares) menos que en enero- , para sus pensiones de jubilación.

Sus altos intereses y lo insatisfactorio de su rendimiento han generado constantes críticas al sistema.

Ante el panorama de que los afiliados retiren el 25 % de sus fondos, hasta un tope de 12.900 soles (3.800 dólares), las AFP advirtieron sobre un inminente colapso del sistema privado.

Según las AFP, la retirada de ese dinero obligará a liquidar hasta un tercio de los fondos a su disposición, en un contexto global de colapso de las bolsas, lo que profundizaría la pérdida de valor de los mismos y afectará tanto a los que retiren como a quienes no lo hagan.

Además, restringiría la capacidad de las AFPs para reinvertir y ofrecer respaldo económico a las empresas peruanas para reflotar la economía una vez pase la epidemia.

"Las AFP con esta nueva ley dicen que van a tener que entregar 30.000 millones de soles (8.875 millones de dólares) para poder pagar el tope de 12.900 soles, pero no hemos pensado en el año 2008 cuando perdieron entre 23.000 y 30.000 millones de soles (8.875 millones de dólares), o 2018, donde perdieron 10.000 millones de soles (3.000 millones de dólares) y nadie dijo nada", comentó a Efe el presidente de la Asociación Peruana de Exaportantes a las AFP, Italo Lezcano.

"Ya han lucrado prácticamente 27 años, apañados por la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros), ya es momento de que se reestructure todo el sistema", apuntó el representante.

El Congreso, presidido por Manuel Merino del partido opositor Acción Popular, ratificó la habilitación del retiro del 25 % de los fondos, iniciativa respaldada abrumadoramente por la mayoría de bancadas, pese a que Vizcarra pidió en la víspera "una salida más responsable".

Sin embargo, dado que el Ejecutivo evitó observar el proyecto legislativo, Merino, junto a la mesa directiva del Congreso, promulgó la norma aduciendo "la necesidad económica de esos más de seis millones de peruanos que esperan un auxilio en una situación caótica y económica que estamos viviendo".

De inmediato, los integrantes de la mesa directiva negaron se estén enfrentando al Ejecutivo, sobre todo después de que el anterior Legislativo fuera disuelto por Vizcarra por sus continua obstaculización política en la lucha contra la corrupción promovida por el jefe de Estado.

La legisladora María Teresa Cabrera, tercera vicepresidenta del Congreso, dijo que la discrepancia con el Ejecutivo sobre este tema "no se puede catalogar como un enfrentamiento".

"El Congreso está dispuesto a trabajar por todos ustedes. Hemos otorgado las facultades que nos solicitó el Poder Ejecutivo, entonces ¿de qué enfrentamiento se podría hablar?, de ninguna manera vamos a ser un Congreso obstruccionista", añadió Cabrera.

Su colega Luis Valdez, primer vicepresidente del Parlamento, remarcó que la cámara "tiende nuevamente los puentes de diálogo y concertación con todos los poderes del Estado", al sostener que este retiro de fondos evitará que se rompa la cadena de pagos, un concepto defendido por el gobierno.