BRUSELAS.- El adiós del Reino Unido a la Unión Europea (UE) el día 31 de enero
aboca a los ciudadanos comunitarios en este país y a los británicos en
los Veintisiete a un futuro sin certezas pese al acuerdo del Brexit
consensuado entre ambas partes.
Tres años y medio después del referendo
de 2016, que puso patas arriba la agenda política continental, persiste
una palpable fractura en la sociedad británica y en los debates sobre
inmigración e identidad.
Tras encontrarse varias veces al borde del abismo de un Brexit sin acuerdo y un arduo proceso negociador, Londres y Bruselas sellaron un pacto que recoge la protección de los derechos de los ciudadanos, unas garantías, para ambas partes, prioritarias.
El acuerdo de salida alcanzado entre la UE y el Gobierno de Londres protege a los ciudadanos que estén residiendo en el Reino Unido, en el caso de los europeos, o en un Estado miembro, en el caso de los británicos, para cuando concluya el periodo de transición, previsto por el momento para el 31 de diciembre de 2020. A ellos se les podrán unir en el futuro sus parejas, padres, abuelos, hijos, nietos y personas con las que tengan una relación estable y duradera.
Sobre el papel, estos ciudadanos tendrán garantizado legalmente su derecho a “vivir, trabajar o estudiar” en su país de acogida, y mantienen su acceso a asistencia sanitaria y beneficios sociales
como paro o pensiones, que podrán recibir en otro Estado miembro en
condiciones idénticas a las que disfrutan ahora como socios europeos.
También podrán optar por ley al empleo y a registrarse como autónomos, y se mantienen los reconocimientos de cualificaciones profesionales acordadas en el pasado o que estén en proceso a ambos lados del Canal de la Mancha.
Pese a la aparente simplicidad de los términos del acuerdo, el embrollo burocrático y legal del Brexit se ha cebado con los comunitarios que viven en el Reino Unido y los británicos repartidos por el continente, convertidos en moneda de cambio por los políticos.
De los 3,8 millones de europeos que residen en este país, casi un millón sigue aún sin poner en regla su estatus legal. Para ello deben solicitar el llamado estado de asentamiento -“settled status”-,
disponible para aquellos que llevan un mínimo de cinco años
consecutivos en el Reino Unido, mediante un proceso online por el que
han de proporcionar un documento de identidad, una fotografía y una
declaración de antecedentes penales.
Según la Oficina Nacional de Estadística, el número de solicitantes ha alcanzado los 2,7 millones, de los que 2,5 millones han recibido el visto bueno. Apenas seis con historial delictivo han visto rechazadas sus peticiones.
1,3 millones de británicos en la UE
Hasta 1,3 millones de ciudadanos británicos viven en otro país de la UE,
lo que sitúa al Reino Unido, según datos de Naciones Unidas en 2017,
como el quinto país del club comunitario con más nacionales habitando en
otro Estado miembro, tras Polonia, Rumanía, Alemania e Italia.
Para mantener el estatus que garantiza el acuerdo tras el periodo de transición, los nacionales británicos deberán solicitar un permiso de residencia permanente al que podrán optar tras cinco años viviendo en su país de acogida siempre que esa estancia haya comenzado antes del final de la transición.
La situación en la que se encuentren los ciudadanos británicos que
quieran irse a vivir a un país europeo tras el final del periodo de
transición no está recogida en el acuerdo de retirada.
En cualquier
caso, éste no garantiza que tras tener el permiso de residencia en un
país europeo un británico pueda ir a vivir y trabajar en otro, una de
las cuatro grandes libertades que garantiza la UE y a las que renuncia
el Reino Unido con su marcha.
El analista del centro de estudios Open Europe Pieter Cleppe resume
que los derechos de los ciudadanos “apenas sufren cambios” si estos se
instalan en el país de acogida antes del final del periodo de
transición, pero advierte de que, para los que lleguen después, todo
dependerá de los términos de la futura relación que empieza a negociarse
este año.
Asociaciones como The 3 Million, el grupo
más grande que engloba en el Reino Unido a estos comunitarios, vela
porque esas personas regularicen su situación antes del plazo límite, el
30 de junio de 2021.
Según un reciente sondeo a cargo de la Universidad inglesa de Northumbria, un 89,53 % está “preocupado” por la ausencia de un documento físico que verifique su situación legal tras la salida. Los expertos anticipan que el Brexit conllevará una fase de “incertidumbre” para esas personas.
Temas acuciantes como el acceso a servicios sanitarios, las pensiones, o
cuál será el nuevo sistema de inmigración están en el aire.
Nicholas Wright, profesor en la University College London y experto
en política comunitaria, señala la falta de confianza y la
“incertidumbre sobre la buena fe en el Gobierno y la burocracia para
cumplir con sus compromisos y hacerlo de manera abierta, justa y
transparente”.
Lo que más teme el Ejecutivo, dice, sería “otro escándalo como el de
Windrush (cuando en 2018 se cuestionó la ciudadanía británica, por la
ausencia de documentación oficial, a ciudadanos caribeños de la
Commonwealth, reclutados como fuerza laboral en la posguerra), con todo
lo que conlleva en cuanto a deportaciones injustas y desarraigo de las
vidas de los ciudadanos”.
Por su parte, el profesor de Derecho de la Universidad de Durham Thom
Brooke, especialista en asuntos de ciudadanía e inmigración, plantea un “futuro incierto para los comunitarios” frente a la “falta de
claridad” del Gabinete de Boris Johnson en cuanto a la forma del futuro
sistema de inmigración.
Un documento físico para demostrar el estatus legal
Nueve de cada diez comunitarios en este país abogan por un documento con el que verificar su situación legal y evitar episodios de discriminación -con entidades bancarias, arrendadores, etc.-, opción que no secunda, por ahora, el Ejecutivo británico.
La Cámara de los Comunes, donde el Gobierno cuenta con mayoría absoluta, rechazó el pasado miércoles una enmienda de los Lores que defendía emitir una identificación física para probar el derecho de residencia en este país de esas personas tras el “divorcio”.
También el Parlamento Europeo se ha mostrado partidario de que se expida un documento con estas características,
y, en una resolución reciente, afirmó que traería una “mayor
certidumbre y sensación de seguridad” para los ciudadanos de los
Veintisiete.
La burocracia y la complejidad de estos trámites, así como el margen
de que se cometan abusos, han llevado a que el texto del pacto incluya
unas líneas sobre quién se encargará de asegurar que se respetan los
derechos de los expatriados.
La implementación del capítulo sobre derechos de los ciudadanos la
vigilará en la UE la Comisión Europea, que ha encabezado las
negociaciones del acuerdo en nombre de los Veintisiete y hará lo propio
con la nueva fase que se abre ahora, en la que se negociará la futura
relación.
En el Reino Unido, la vigilancia de que se cumplen estos derechos corresponderá a una autoridad nacional independiente.
Británicos y europeos podrán invocar el texto del acuerdo de retirada
directamente ante tribunales de sus países, y las cortes británicas
podrán plantear preguntas sobre la interpretación de los capítulos de
derechos de los ciudadanos hasta ocho años después de que acabe la
transición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario