SAN JOSÉ.-
El Congreso de Costa Rica aprobó este jueves en un debate final un
proyecto de ley que regulará las huelgas estableciendo nuevas reglas
para que los trabajadores puedan ejercer ese derecho y evitar que se
tomen medidas abusivas que afecten a la población.
El
plenario aprobó con 35 diputados a favor y 13 en contra, de un total de
57, el proyecto de ley 21.049. Los legisladores indicaron que la
iniciativa resuelve vacíos existentes en la legislación vigente respecto
a la regulación de las huelgas, ya que ha sido tomado en forma abusiva
por algunos dirigentes sindicales.
"El
proyecto define claramente los aspectos salariales durante el ejercicio
de la huelga, establece procedimientos expeditos para la
reincorporación a la labor, introduce mejoras procesales y estipula los
servicios que son considerados de carácter esencial", afirmó en el
diputado del opositor Partido Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón.
La
nueva legislación regula los servicios esenciales en donde estará
prohibida la huelga, que son todos aquellos los relacionados con la
vida, la salud y la seguridad de las personas como son la
hospitalización, atención domiciliar, consulta externa, exámenes
médicos, pruebas de laboratorio, farmacia, lavandería, cirugías y
emergencias.
También
se incluye a la policía pública, controladores aéreos y migratorios,
transporte ferroviario, marítimo carga y descarga en muelles,
medicamentos, equipo médico, fuentes de energía y servicios de
transporte.
El
proyecto además establece una regulación en los servicios de
importancia trascendental en donde se permitirá la huelga, por un máximo
de 10 días naturales, pero bajo condiciones de prestación de servicios
mínimos, los cuales deben ser acordados por las partes o que será
definida por un juez.
El
sector educativo forma parte de estos servicios y se establece que
durante la huelga deberá mantenerse el personal necesario para la
prestación de labores de aseo y seguridad con el fin de que cada centro
educativo permanezca abierto y los que deseen no ir a huelga puedan
permanecer en la institución.
En este último caso, la huelga no podrá superar los 21 días naturales consecutivos o de 10 días naturales discontinuos.
El
proyecto fue modificado después de que la Sala Constitucional
encontrara roces con la Constitución Política en varias de sus
disposiciones por lo que se debió excluir de los servicios esenciales a
varias actividades entre las que se encuentran las que brinda el Poder
Judicial.
El
proyecto de ley, impulsado por varios partidos, y apoyado por el
Gobierno, surgió luego de que a finales del 2018 ocurriera una huelga
sindical de tres meses en contra de una reforma fiscal, que
posteriormente fue aprobada, que establecía nuevos impuestos y recortes a
pluses salariales en el sector público.
Además,
durante el 2019 también han habido huelgas contra la implementación de
la reforma tributaria y particularmente dos en el sector salud que
generaron mucho descontento social y a nivel político.
Los
grupos sindicales han manifestado que este proyecto de ley implica una
"mordaza para el pueblo", a la vez que señalaron que jamás renunciarán
al derecho a huelga así sea prohibida o limitada por la ley.
"Un
proyecto de ley no nos callará, ni nos hará renunciar al derecho a
huelga. La aprobación de este proyecto representa una limitación del
derecho, no la eliminación (...) por lo tanto, tendremos que determinar
estrategias diferentes sin renunciar nunca al derecho a la huelga y
otras medidas de lucha", expresó en una reacción la Asociación de
Profesores de Segunda Enseñanza.
Por
su parte, los empresarios han aplaudido la aprobación de la nueva
legislación sobre huelgas, pues aseguran que esos movimientos perjudican
la economía y al competitividad del país, así como la salud y la
educación de la población.
El
proyecto de ley deberá ser firmado por el presidente de Costa Rica,
Carlos Alvarado, y posteriormente debe ser publicado en el diario
oficial La Gaceta para su entrada en vigencia.
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