WASHINGTON.- Estados Unidos descartó
el lunes la imposición de inspectores para vigilar el acatamiento de las
normas laborales mexicanas en el marco del nuevo pacto comercial
norteamericano T-MEC, disipando una creciente controversia en México.
La
aclaración del gobierno de Donald Trump buscó superar un obstáculo de
último minuto para la ratificación del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), cuya versión final fue firmada el martes pasado
por los tres países.
La alarma en México se disparó el fin de semana por el
proyecto de ley para implementar el T-MEC presentado en el Congreso
estadounidense, que establece que funcionarios estadounidenses vigilarán
el cumplimiento de las normas laborales mexicanas, cuyo texto se
presentó el viernes aunque sus lineamientos fueron divulgados el martes.
La cuestión de las
inspecciones "no se acordó en el tratado" y surgió "de manera
clandestina", dijo el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador en
su habitual conferencia de prensa.
Su canciller, Marcelo Ebrard,
aseguró que esto "no pone en entredicho el tratado", pero se mantuvo
muy firme en que México se reservará el derecho de dar el visto bueno a
eventuales agregados laborales.
"No aceptaremos ninguna persona,
funcionario de otro país, que pretenda hacer labores que excedan las que
están establecidas en la ley", dijo.
El representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, se encargó de calmar las agitadas aguas.
Tras
una reunión en Washington con su contraparte mexicano, Jesús Seade,
quien viajó el domingo a reunirse con él tras enviarle una carta el
viernes, divulgó una misiva especificando el alcance de la iniciativa
estadounidense.
Lighthizer dijo que el
proyecto estipula destinar hasta cinco agregados del Departamento de
Trabajo a la Embajada de Estados Unidos en México para colaborar con
funcionarios, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil para
implementar las reformas laborales mexicanas, pero "estos agregados no
serán 'inspectores de trabajo' y cumplirán con todas las leyes mexicanas
pertinentes".
También recordó que el T-MEC dispone que paneles
independientes de tres personas elegidos respectivamente por los países
miembros lleven a cabo verificaciones 'in situ' si no se respetan los
derechos laborales. Pero aclaró que "esas verificaciones serán
realizadas por panelistas independientes, no por los agregados
laborales".
"Estamos satisfechos, muy
satisfechos", dijo Seade tras leer la carta de Lighthizer en rueda de
prensa, señalando que recibió garantías "categóricas" de su par
estadounidense de que los agregados laborales estadounidenses vigilarían
las condiciones del trabajo en México y proporcionarían asistencia
técnica, pero "no serán inspectores laborales".
"Se ganó
claridad", subrayó Seade, descartando la posibilidad de que México
niegue el acceso a los agregados laborales estadounidenses. "Estoy
seguro de que van a reflejar lo acordado", dijo.
Consultado sobre
posibles nuevas críticas al proyecto de ley de implementación en el
Congreso estadounidense, Seade afirmó: "No hay otras cosas que hayamos
detectado que sean cuestionables".
El T-MEC fue sellado
inicialmente el 30 de noviembre de 2018, y ratificado por México en
junio de este año. Pero su confirmación en el Congreso de Estados Unidos
se complicó porque los legisladores demócratas de la oposición, que
controlan la Cámara de Representantes, exigieron previsiones para evitar
la competencia desleal con los trabajadores estadounidenses.
Tras
meses de negociaciones, se acordaron enmiendas y un nuevo protocolo del
T-MEC fue sellado con bombos y platillos el 10 de diciembre por los
Ejecutivos de los tres países en Ciudad de México.
Esta versión
final del T-MEC fue ratificada ya por el Senado mexicano el jueves
pasado. Pero el trámite aún no se concretó en el Congreso de Estados
Unidos, en tanto Canadá dijo que confirmará el nuevo pacto una vez lo
haga Washington.
"Acabamos de terminar por segunda vez", bromeó Seade el lunes.
El
T-MEC sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), vigente desde 1994 y considerado "el peor acuerdo comercial de
la historia" por Trump, quien forzó su revisión al asumir en 2017.
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