WASHINGTON.- La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó crear un mecanismo
de investigación internacional para esclarecer la violencia durante la
crisis política posterior a las elecciones de octubre en Bolivia, que
dejó 36 muertos, un informe que el gobierno interino calificó de
"sesgado".
En un informe publicado el martes noche tras su visita al
país, este ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA)
aconsejó crear un Grupo Internacional de Expertos Independientes, con
"garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la
verdad e identificar debidamente a los responsables".
Tras las elecciones del 20 de octubre en las que el
presidente Evo Morales buscaba un cuarto mandato, la oposición denunció
"fraude" luego de una interrupción del conteo de votos de más de 20
horas, lo que desató una ola de protestas.
Morales, el primer
mandatario indígena del país, dimitió el 10 de noviembre bajo presión de
sus opositores y de las fuerzas de seguridad, que lo instaron a
renunciar para permitir la "pacificación" del país. Tras pedir asilo en
México, Morales denunció un "golpe de Estado".
Actualmente en Bolivia hay un gobierno de transición encabezado por la exsenadora derechista Jeanine Áñez.
La Comisión indicó que en el contexto de la crisis y hasta el 27 de noviembre, tuvo noticia de 36 muertes en Bolivia.
La
CIDH denunció que durante su visita recibió abundante información sobre
dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de
noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos
18 personas.
En la localidad de Sacaba, cerca de Cochabamba, la
CIDH recibió información de que agentes policiales y militares abrieron
fuego contra una manifestación pacífica para exigir el retorno de
Morales, lo que dejó nueve muertos.
La CIDH apuntó que "existen
diferentes versiones sobre la forma como tuvieron lugar los hechos",
pero que numerosos testimonios recibidos son consistentes al indicar que
los manifestantes de Sacaba estaban desarmados, avanzaban pacíficamente
por iniciativa propia, y fueron agredidos de repente.
Según el
organismo de derechos humanos, en la masacre de Senkata murieron nueve
personas por impacto de bala cuando un grupo de partidarios del
Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, realizaba un
bloqueo de una planta de hidrocarburos.
El ministro de Gobierno,
Arturo Murillo, dijo en una rueda de prensa que el informe es
"totalmente sesgado", aseguró que éste "no refleja la realidad", y dijo
que favorece al "narcoterrorismo", término que el Ejecutivo interino
utiliza para referirse a grupos de campesinos cocaleros leales a
Morales.
En su informe final sobre las elecciones publicado a
principios de diciembre, la OEA denunció una "manipulación dolosa" y una
"parcialidad de la autoridad electoral".
Morales buscaba un
cuarto mandato luego de lograr una habilitación especial a una
prohibición constitucional y tras perder un referendo en 2016 que
rechazó su reelección.
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