BRUSELAS.- La Comisión Europea ha urgido este miércoles a los Estados miembros a
dar un impulso a las negociaciones sobre el próximo presupuesto a largo
plazo de la UE, que cubrirá el periodo comprendido entre 2021 y 2027
con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que finalice este año.
En concreto, Bruselas ha instado a
los jefes de Estado y de Gobierno a emitir unas directrices políticas y
una "orientación clara" en la cumbre de la próxima semana de forma que
sirva para dar un empujón a las conversaciones a un nivel inferior.
El
comisario de Presupuesto, Günter Oettinger, ha recordado que el
Ejecutivo comunitario presentó su propuesta en mayo de 2018 y ha
destacado que ésta fue "universalmente reconocida como una sólida base
para las negociaciones".
"Dieciséis meses más tarde, se han logrado avances, pero
se nos acaba el tiempo. Todas las partes deben esforzarse ahora por
llegar a un consenso. Es hora de ponernos manos a la obra y de rematar
nuestra labor", ha dicho el alemán.
"Europa no puede
permitirse, en un momento caracterizado por sus grandes retos, ningún
retraso en la adopción de su presupuesto a largo plazo. Nuestros
ciudadanos esperan resultados, es hora de asumir nuestras
responsabilidades. Es hora de tomar una decisión", ha añadido Oettinger.
Así,
la Comisión ha pedido a los Estados miembros que el próximo marco
financiero plurianual (MFP) cuente con el nivel de financiación
"necesario" para responder a las prioridades comunes, con un equilibrio
"adecuado" entre las distintas políticas del bloque y una mayor
coherencia entre ellas y con nuevas fuentes de ingresos.
"Según
se acerca la hora de la verdad de las negociaciones, la dirección
estratégica de los líderes (europeos) resulta más necesaria que nunca
para que los nuevos programas puedan ponerse en marcha en la fecha
prevista, el 1 de enero de 2021", reivindica el Ejecutivo comunitario.
La
propuesta de Bruselas plantea un recorte del 5% en los fondos agrícolas
y un 7% en el caso de los fondos regionales, así como aumento en el
gasto dedicado a políticas como inmigración, seguridad y defensa,
investigación e innovación y economía digital. En el caso de España, el
recorte a los fondos de la PAC sería del 5,4%, mientras que los fondos
de cohesión crecerían un 5%.
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