QUITO.- El movimiento indígena doblegó al presidente ecuatoriano,
Lenín Moreno, y le obligó a derogar el polémico decreto que elevaba el
precio de los combustibles, poniéndole a él y a Ecuador entre la espada y
la pared frente al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El 883 pasará a la historia para muchos ecuatorianos como el decreto
que condujo a la peor ola de violencia social en los últimos años, una
situación que para muchos pudo preveerse y haber hecho colapsar toda la
institucionalidad.
Los once días de protestas no han dejado ni mucho menos
vencedores en el campo de batalla política, y de hecho parece que sólo
hay perdedores.
"Posiblemente, los actores centrales
en este conflicto hayan subestimado la capacidad de actuación del otro",
valoró para Efe el analista Daniel Kersffeld un día después de que las
partes principales alcanzaran un acuerdo para revisar toda la estrategia
del Gobierno frente al organismo financiero.
Para
Kersffeld, el Gobierno no pensó que la Confederación de Nacionalidades
Indígenas (Conaie) "arrastraría a Quito a más de 20.000 indígenas, ni
que tendría energías suficientes para afrontar una huelga de tantos días
de duración y capacidad de acciones simultáneas en todo el país".
"El movimiento indígena, igualmente, subestimó la capacidad de
respuesta por parte del Gobierno: el nivel de represión de los últimos
días es inédito en la historia de un país trazado por reiteradas
convulsiones sociales", puntualizó.
El acuerdo
responde, a su juicio, a que ambas partes empezaron a dar "signos de
debilitamiento y de reprobación creciente por parte aquellos sectores
que optaron por mantenerse fuera del conflicto".
Los
destrozos y pérdidas ocasionadas por la paralización del país -los
indígenas cerraron las principales vías causando desabastecimiento- y el
alto número de víctimas por la represión policial de las protestas
-entre 5 y 7 muertos y un millar de heridos-, no son los únicos daños.
Una funcionaria decía este lunes, sin dejarse identificar, que se
había "resquebrajado también el tejido social" y que habrá que ver
ahora como sanar la heridas que deja este conflicto.
Heridas que tienen raíces también en la vieja batalla entre 'morenistas'
y 'correístas', los dos grandes bloques políticos que encabezan el
presidente Moreno y su predecesor Rafael Correa, porque mucho más allá
del precio de los combustibles, las revueltas han sido una mezcla de
intereses.
"La conexión entre indígenas y
manifestantes violentos no es real. Los otros se han montado sobre la
protesta indígena, abusando de esta que tenía reivindicación
específicamente económica, causando el caos", explicó el ministro
de Exteriores, José Valencia.
Pese a que también
tomaron parte en actos de saqueo y vandalismo, el Gobierno ha exonerado
de responsabilidad al movimiento indígena, y volcado toda culpa de
violencia en el correísmo.
"El Gobierno no podía
abrirse dos frentes, así que mejor el correísmo, pero los indígenas son
más manipuladores que los otros, y manipulan a organizaciones de
derechos humanos y hasta medios internacionales que les hacen aparecer
como pobrecitos", dijo el politólogo Santiago Basabe.
Recordó los exaltados discursos de sus líderes a lo largo de toda la
protesta, en los que llegaron a llamar "patojo" (cojo) a Moreno, quien
va en silla de ruedas.
Explicó también el fenómeno en
que no es "políticamente correcto" culpar a los indígenas porque ello
arrastra inmediatamente acusaciones de "racismo".
En
una valoración sobre vencedores y vencidos, Basabe ve "mayor cohesión"
en el movimiento indígena, que "ha vuelto a ser un factor importante
como antes del 'correísmo'", pero cree que "han perdido legitimidad ante
la población mestiza que no estuvo de acuerdo" con sus acciones
violentas y la paralización del país.
También
Kersffeld ve que la Conaie ha ganado peso como "actor de resistencia",
pero no "una fuerza política capaz de torcer de manera directa la
voluntad del Gobierno".
"La legitimidad de su protesta se sitúa en su
condición histórica de miseria y atraso, en el estigma político y
social", afirmó.
Ambos coincidieron en que el
'correísmo' ha perdido fuerza para convertirse en blanco de las
acusaciones, y sobre todo en que el Gobierno puede verse muy debilitado a
partir de ahora e incapaz de sacar adelante las reformas para seguir
recibiendo la ayuda del FMI.
"Moreno se encuentra
seriamente debilitado y sus principales cuadros políticos están
severamente impugnados por buena parte de la opinión pública", indica
Kersffeld.
Por su parte, Basabe ve difícil que en las
condiciones creadas el Gobierno tenga algo que ofrecer para satisfacer
la demanda del FMI de recortes y mayores ingresos de impuestos, porque
no podrá sacar adelante la reforma fiscal y, quizás mucho menos, la
laboral.
En esas circunstancias, los prometidos
préstamos podrían ser interrumpidos, lo que sería un duro golpe a la
fiscalidad nacional.
"Moreno se quedó en el aire a
esperar que pase el tiempo, quizás pueda aprobar medidas coyunturales,
pequeños préstamos aquí o allá", consideró el politólogo, para quien de
alguna manera toda la sociedad ha ganado con el acuerdo porque el
resultado podría haber sido peor: una completa "desinstitucionalización"
nacional.
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