SANTIAGO.- Este
viernes por la tarde, más de un millón de personas acudieron a las
plazas y vías públicas de Santiago en una de las protestas callejeras
más grandes jamás vistas en la capital chilena.
Las
áreas del centro, como la icónica Plaza Italia, se llenaron
principalmente de estudiantes y veinteañeros, pero también personas
mayores y familias, agitando banderas y pancartas en busca de mejores
salarios, pensiones, atención médica y educación.
Muchos de los que
participaron en las protestas de barrio a principios de semana optaron
por unirse a las manifestaciones del centro del viernes, que se
organizaron en las redes sociales a través del hashtag
#LaMarchaMasGrandeDeChile.
“Necesitamos
un nuevo pacto social, una nueva constitución hecha por todos
nosotros”, asegura Pablo Steil, propietario de un negocio de mercadeo
con 30 empleados.
“Soy uno de los privilegiados de Chile y debemos
comenzar a pensar que tendremos que dar algo más para que esta sociedad
sea un poco más justa”.
Temprano
en el día, los camioneros y los conductores de autobuses atascaron las
carreteras y autopistas alrededor de Santiago, presionando para eliminar
las tarifas de pago de los usuarios en las autopistas urbanas.
El
edificio del Congreso en Valparaíso fue evacuado después de que un grupo
intentara forzar su entrada. Un toque de queda comenzará en la ciudad
portuaria a las 8 p.m. y en Santiago a las 11 p.m.
Si
bien la violencia parece estar disminuyendo, la concurrencia callejera
en gran parte pacífica ha cobrado impulso. Una encuesta realizada por la
encuestadora Activa Research mostró que el 84% de los chilenos apoya
las manifestaciones y el 37% dijo que el gobierno ha tardado en
responder.
Este fin de semana, el presidente Piñera planea mantener
conversaciones con grupos empresariales, sindicatos, universidades,
alcaldes y parte de su gabinete.
La
amplitud de las protestas apunta al enorme desafío que enfrenta el
gobierno de centroderecha de Piñera. Inicialmente, el presidente abordó
la violencia como un asunto de orden público, un enfoque que solo
empeoró las cosas.
Luego se disculpó por no reconocer las quejas
genuinas y anunció medidas que incluyeron aumentar los impuestos para
los trabajadores de altos ingresos y elevar las pensiones. Los
manifestantes quieren cambios más radicales, una retirada inmediata de
las tropas y cambios en el gabinete.
“Hasta
ahora, el gobierno ha propuesto soluciones parche”, dijo Gloria Gómez,
una notaria empleada en el barrio de bajos ingresos de Renca. “Seguiré
manifestando mientras las protestas permanezcan pacíficas”.
En
otras partes del país, muchos chilenos estaban tratando de volver a la
normalidad. Los mineros de cobre y los trabajadores portuarios pusieron
fin a las protestas y reanudaron las operaciones mientras se reabrían
más estaciones de metro, tiendas y escuelas. Aún así, hay más informes
de saqueos esporádicos.
Anteriormente,
las imágenes de televisión mostraban el alcance total del daño de los
disturbios del metro que desencadenaron las protestas. Mientras la tasa
oficial de muertos subió a 19, el Instituto Nacional de Derechos Humanos
asegura que 585 personas resultaron heridas y 2.948 fueron arrestadas
hasta el mediodía del viernes.
El Instituto ha presentado 12 demandas
contra las autoridades por violencia sexual, que incluyen desvestir a
los detenidos, tocamientos y amenazas de violación.
Si
bien se han saqueado más de 600 supermercados, la tasa de eventos
violentos graves se ha ralentizado. Las pérdidas para el sector
minorista de Chile debido al saqueo y la pérdida de ventas alcanzaron
los US$1.400 millones desde que comenzaron las protestas, según la
Cámara de Comercio de Santiago.
El
índice bursátil de referencia de Chile culminó su peor semana en casi
dos años, con pérdidas lideradas por los servicios públicos y las
acciones de consumo. El peso chileno se hundió 2,2% frente al dólar esta
semana.
La
expresidente chilena, Michelle Bachelet, ahora Alta Comisionada para
los Derechos Humanos de la ONU, dijo que enviaría un equipo para
investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos, una medida
que el gobierno recibió con beneplácito.
“Nadie
puede negar 1 millón de personas en la calle”, dijo el viernes la jefa
del gobierno regional, Karla Rubilar, a CNN Chile. “Tenemos que ser
humildes y escuchar”.
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