QUITO.- El gobierno de Ecuador
dio marcha atrás con una polémica medida económica al bajar el martes
precios de combustibles como establece un acuerdo con el movimiento
indígena para solucionar la reciente crisis social, el cual recibió el
respaldo de la OEA.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó por
aclamación una declaración para saludar ese acuerdo y para rechazar
también cualquier acción encaminada a "desestabilizar" al gobierno de
Lenín Moreno.
Los precios de los combustibles más utilizados en el país
disminuyeron a los niveles previos al 3 de octubre, cuando aumentaron
hasta en 123% y generaron fuertes protestas durante doce días con saldo
de ocho muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, según la Defensoría
del Pueblo.
El movimiento indígena, duro crítico del Fondo
Monetario Internacional (FMI), lideró las manifestaciones que
movilizaron a miles de sus miembros hacia Quito y alcanzó el domingo el
acuerdo con Moreno que permitió el retorno de la calma.
Moreno había decretado la
eliminación de subsidios a los combustibles, una medida pactada con el
FMI para acceder a créditos por 4.200 millones, que necesita ante serios
problemas de iliquidez y un déficit estimado por encima de los 5.000
millones de dólares.
Derogado el decreto que suprimió los
subsidios, el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas
(Conaie) negocian -con mediación de la ONU y la Iglesia católica- un
nuevo texto sobre los precios de los combustibles y el mecanismo para
focalizar ayuda para los más pobres, entre los que están los aborígenes
(25% de los 17,3 millones de ecuatorianos).
Las nuevas discusiones cuentan con el apoyo de Washington y del FMI.
La
economista jefe del FMI, Gita Gopinath, dijo en Washington que celebra
que se intente "reunir a todas las partes interesadas y que se tomen las
decisiones sobre las reformas macroeconómicas, teniendo en cuenta a las
comunidades que van a ser afectadas".
El martes también quedaron anuladas alzas de hasta un 40% en las tarifas del transporte público.
Además, 2,6 millones de escolares volvieron a las aulas en todo el país, aparte de los universitarios.
"Ahora
viene la toma de decisiones para mejorar el futuro de todos los
ecuatorianos y la toma de decisiones para poder vivir en paz", expresó
Moreno el martes al dirigirse desde el balcón presidencial ante cientos
de personas.
El "pueblo" fue "prudente, pero sabe perfectamente que la
violencia puede volver", añadió el gobernante, quien volvió
momentáneamente a Quito tras haber trasladado a Guayaquil (suroeste) la
sede de gobierno la semana pasada por la llegada de miles de indígenas
para protestar en la capital.
En las protestas, del 2 al 13 de
octubre, manifestantes bloquearon carreteras y Moreno decretó el estado
de excepción en un intento infructuoso para que los militares
restablecieran el orden.
"Fue un escenario completamente ajeno a
lo que la Policía o las Fuerzas Armadas, el gobierno nacional o sus
sistemas de Inteligencia tuvieron que enfrentar antes", dijo la ministra
de Interior, María Paula Romo.
Sin ofrecer los motivos, Moreno designó el martes nuevos jefes del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y del Ejército.
Ante
los disturbios, el mandatario ecuatoriano denunció que enfrentaba un
plan de desestabilización activado por su antecesor y exaliado Rafael
Correa (2007-2017) y Nicolás Maduro. Ambos líderes se han burlado de
estos señalamientos.
Una prefecta (gobernadora) correísta está
detenida para ser investigada por el delito de rebelión, y siete
correligionarios, incluidos cuatro asambleístas, están refugiados en la
embajada de México en Quito.
Ante la
OEA, el canciller de Ecuador, José Valencia, denunció que en las
manifestaciones se produjo "un peligroso cóctel de factores de
injerencia extranjera".
La cartera de Interior reportó la detención de 54 extranjeros, incluidos 41 venezolanos, en las protestas.
"Nos preocupa la detención de ciudadanos venezolanos", anotó el diplomático ecuatoriano.
Entretanto,
Gustavo Tarre, el delegado del líder opositor venezolano Juan Guaidó
-reconocido por más de 50 países como presidente interino- señaló que
los venezolanos detenidos no son migrantes, sino "agentes" del gobierno
de Maduro.
Ecuador aún debe encarar sus problemas financieros con
un déficit de al menos 5% del PIB. Con el cumplimiento de los
compromisos con el FMI estaba previsto que disminuyera a 0,3% en 2019 y
se estabilizara para 2020.
Según las previsiones del FMI
difundidas este martes, Ecuador registrará una contracción de su
economía de 0,5% este año encaminándose al crecimiento en 2020, para
cuando se espera una expansión de 0,5%.
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