SAN JOSÉ.- La
Sala Constitucional decidirá sobre la polémica ley que establece
mayores regulaciones a las huelgas, luego de que un grupo de diputados
presentara este jueves una consulta de constitucionalidad.
La
consulta, firmada por 12 diputados, fue entregada a la Sala
Constitucional por el legislador del Partido Republicano
Socialcristiano, Dragos Dolanescu.
A
partir de ahora la Sala Constitucional tendrá un periodo de 30 días
para determinar si el proyecto de ley tiene algún roce con la
Constitución o no.
Si
los magistrados no encuentran ningún problema, el proyecto quedará
listo para ser votado por los diputados en el segundo y definitivo
debate.
Los
legisladores que se oponen afirman que la ley violenta el derecho a la
huelga, al de libertad sindical, participación política y libertad de
expresión.
"Me
parece que se debe realizar un análisis serio y profundo, no solo por
los procedimientos en los que el proyecto plantea limitar a los
huelguistas, sino por el fondo sobre la suspensión de los salarios desde
el primer día de huelga", declaró el diputado Harllan Hopelman, de la
agrupación opositora Nueva República (evangélico).
La
ley, apoyada por el Gobierno, fue aprobada por el Congreso en primer
debate el pasado martes en una votación de 40 a 15 y era posible que
este jueves le diera la segunda votación, proceso que queda pendiente
por la presentación de la consulta de constitucionalidad.
Grupos
sindicales se manifestaron este jueves en las afueras del Congreso para
expresar a los diputados su rechazo a la ley y exigir que no sea
ratificada en segundo debate.
Los
sindicatos del sector educación han estado en huelga toda esta semana
en contra del proyecto de ley, pero la participación de los docentes en
el movimiento no ha superado el 20 %, según el Ministerio de Educación.
La
"Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus
procedimientos" prohíbe la huelga en servicios considerados "esenciales"
como lo son la Policía y la salud, y además ordena la retención
salarial desde el primer día del movimiento.
El salario será pagado únicamente si un juzgado determina que hubo un incumplimiento grave del patrono.
El
sector educativo quedó fuera de los servicios esenciales, pero con la
ley solo se le permitirán huelgas de docentes de 21 días continuos como
máximo.
El
texto original pretendía prohibir las huelgas que se realizasen contra
políticas públicas o asuntos que no tengan relación directa con
incumplimientos laborales del patrono, pero finalmente los diputados
aprobaron una enmienda para permitir este tipo de movimientos, pero solo
durante un periodo de 48 horas.
Los
sindicatos aseguran que esta ley es "antidemocrática" y "autoritaria",
que viola los derechos humanos y contradice la Constitución Política,
leyes y convenios internacionales.
Esta
ley ha sido tramitada en un convulso contexto de constantes huelgas
sindicales en contra de la reforma fiscal que el Congreso aprobó en
diciembre pasado y que ha ido implementándose paulatinamente en el 2019.
Entre
otras cosas, la reforma fiscal creó el impuesto al valor agregado (IVA)
del 13 %, estableció reducciones de pluses salariales en el sector
público y una regla fiscal para contener el gasto en las instituciones
del Estado.
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