LONDRES.- El crédito universal fue pensado para apoyar a largo plazo el sistema de Seguridad Social en el Reino Unido.
Un solo pago mensual sustituía seis prestaciones ya existentes
destinadas a personas en edad laboral. Millones de beneficiarios, ya
fueran parados o trabajadores con bajos salarios, solicitarían el nuevo
beneficio digital. Iba a ser una prestación más eficiente y su diseño debía incentivar a los beneficiarios a trabajar más horas, según publica The Guardian.
Sin embargo, la aplicación en paralelo de grandes recortes sociales desde
el 2010, ha agravado los problemas de un creciente sector precario;
simplemente, millones de británicos no pueden afrontar el coste de la
vida a pesar de tener un puesto de trabajo.
El crédito universal ha fracasado del modo más lamentable
si se contrasta con la vida cotidiana real de los hogares de bajos
ingresos que se suponía debía ayudar. De forma más notable, el plazo de
cinco semanas que se exige para percibir el primer pago ha provocado
deudas y el atraso en el pago de alquileres y ha impulsado a decenas de
miles de personas a recurrir a los bancos de alimentos.
Clare Eckerman constituye un caso de manual en la forma en
que el crédito universal es capaz de erosionar la vida de las personas, y
no precisamente de forma positiva. Esta administrativa de la educación
de 62 años del condado de Durham percibe 400 libras esterlinas (unos 456
euros) menos desde que optó por la nueva prestación, en otoño del 2018.
Su vida –asegura– es ahora más dura y difícil, más angustiosa e
incierta que antes.
Eckerman, registrada asimismo como persona discapacitada
debido a una enfermedad degenerativa, fue aconsejada para solicitar un
crédito universal en sustitución de una serie de prestaciones del
Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP por sus siglas en inglés).
Nadie le advirtió que tal iniciativa reduciría sus ingresos de la noche a
la mañana ni que una vez percibido el crédito universal sería imposible
dar marcha atrás. “Eso –arguye– me provoca mayor preocupación y
ansiedad. Afrontar el coste de la vida resulta muy difícil”. El crédito
universal reduce los ingresos de forma drástica. Clare no puede ahora
comprar ropa, no puede disfrutar, ni destinar dinero a “ir al teatro o
comer fuera de casa. Los lujos no existen”, señala.
El caso de Eckerman ha recibido el apoyo de la
diputada Laura Pidcock, que ha solicitado una indemnización al DWP por
asesoramiento erróneo. Hasta ahora, el DWP ha dado a entender que no
existen pruebas sólidas de que fuera mal asesorada. Eckerman, licenciada
en matemáticas, dice que nadie consentiría a sabiendas un recorte anual
de ingresos por valor de 5.000 libras esterlinas.
“Resulta indignante
cuando has pagado [impuestos y pagos a la seguridad social] durante toda
tu vida”, dice. “Nos las vamos arreglando, pero en la práctica hemos
perdido mucho nivel. Necesitamos un nuevo suelo para el cuarto de
estar. Nuestra nevera está en las últimas. Hay muchas cosas con respecto
a las cuales decimos ‘podríamos haber hecho tal cosa’ con 400 libras
esterlinas más cada mes”.
La experiencia no sólo le ha provocado dificultades
financieras, dice Eckerman, sino que ha mermado su fe en que el Estado
pudiera protegerla: “Mi fe en el Estado de bienestar era total. Éramos
afortunados –pensé- por vivir en el mejor país del mundo. Ellos [el
Gobierno] nos respaldaban. Esta fe se ha visto barrida por completo. Es
devastador”.
El Gobierno ha respondido con diversas medidas para
intentar mitigar los efectos del complicado diseño del crédito universal
–en forma de préstamos adelantados para los nuevos solicitantes o de
plazos de espera más cortos, por ejemplo.
Sin embargo, apenas pasa una
semana sin que aparezcan nuevos informes relativos a incidencias
asociadas al crédito en cuestión, desde problemas de salud y situaciones
de estrés a la difusión de casos de solicitantes sin dinero obligados a
venderse sexualmente para sobrevivir.
El relator especial de las Naciones Unidas sobre la
pobreza, Philip Aston, subrayó tras su visita oficial al Reino Unido en
noviembre que “si bien en su concepción inicial [el crédito]
representaba una posible mejora en el marco del sistema, está cayendo
actualmente en un descrédito general”.
Incluso el periódico The Sun, el
diario tabloide y derechista que habitualmente apoya la política del
partido conservador, ha defendido una revisión de la cuestión en toda
regla.
Pidcock dice que el caso de Eckerman demuestra “un
desprecio cruel” hacia las familias más pobres. “Al mismo tiempo que las
reformas de otras ayudas y subsidios tales como la llamada bedroom
tax, su intención es ideológica y tiene como objetivo el reducir el
número de solicitantes sin atender a su impacto sobre las vidas de
personas reales. Se ha utilizado un lenguaje sencillo para desmantelar
pieza a pieza la red de ayudas sociales que daban seguridad al sistema”.
Aunque en su día el gobierno sugirió que nadie se vería
perjudicado con el sistema del crédito universal, los recortes en ayudas
y subsidios por valor de miles de millones de libras –incluida una
congelación durante cuatro años de los llamados niveles de crédito- ha
cambiado el panorama.
Un estudio reciente del reputado Instituto de
Estudios Fiscales ha calculado que 1,6 millones de personas mejorarían
su economía bajo el sistema del crédito universal, casi 2 millones
perderían más de mil libras anuales y los solicitantes discapacitados
serían los afectados en mayor medida.
En el plano político, toda esta situación se
revela enormemente problemática. Millones de personas entrarán en el
sistema de crédito universal en los próximos años. Sin embargo, el
crédito universal es cada vez más sinónimo de austeridad, de precariedad
laboral y vital y de alejamiento de los problemas reales de la gente, y
en especial de los que se encuentran más abajo en la escala salarial.
Tal y como explica Eckerman, “si estuviera a punto de entrar en el
esquema de crédito universal, me sentiría [sabiendo cuál es mi situación
actual] realmente aterrorizada”.
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