ROMA.- El gobierno de coalición
italiano mantenía sin cambios este martes su presupuesto, desoyendo a la
Unión Europea que le había dado plazo hasta hoy para reducir el déficit
previsto, so pena de sanciones cuya aplicación, de todas formas, parece
poco probable.
Para la coalición de gobierno, formada por la
ultraderechista Liga y la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas
(M5E), el llamado presupuesto 'contra la austeridad' ha sido diseñado
para incrementar el crecimiento y reducir el déficit público y la deuda.
Italia tiene plazo hasta este martes por la noche para
presentar una nueva propuesta después de que las autoridades europeas
tildaran el plan presupuestario italiano de "desviación clara" de las
reglas.
El ministerio de Economía y Finanzas no se ha pronunciado
en toda la jornada y hay mucha expectativa sobre el Consejo de
Ministros, programado para las 20:00 (19:00 GMT).
Las autoridades
europeas, con el apoyo de toda la zona del euro, han sido sordas a los
argumentos de Italia y critican el presupuesto por calcular un déficit
del 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 y del 2,1% en 2020.
Por primera vez en la historia de la Unión Europea el plan de presupuesto de un país fue rechazado el pasado 2 de octubre.
La
Comisión estima que Roma no va a poder respetar los umbrales ya que
calcula que las medidas previstas en el presupuesto pueden elevar el
déficit del 2,9% el año próximo y de 3,1% en 2020.
Predice por lo tanto un crecimiento del 1,2%, mientras que Roma prevé 1,5%.
El
ministro de Economía italiano, Giovanni Tria, acusó a la Comisión
Europea de calcular mal las previsiones de déficit para Italia.
"Constatamos
una falla técnica de la Comisión, lo que no afecta el diálogo
constructivo que el gobierno italiano se ha empeñado en mantener",
aseguró Tria.
El ministro explicó que el gobierno estaba listo
para tomar las medidas necesarias para garantizar que el déficit no
supere el umbral del 2,4%.
Para el primer ministro,
Giuseppe Conte, las previsiones de la Comisión Europea "subestiman el
impacto positivo" que implican las nuevas medidas.
"El déficit
disminuirá con el crecimiento y ello reducirá la relación entre deuda y
PIB del actual 130% al 126,7% en 2021", explicó.
Al negarse a cambiar su plan de presupuesto, Roma está
expuesta a la apertura de un "procedimiento de déficit excesivo", que
puede generar multas financieras correspondientes al 0,2% de su PIB
(alrededor de 3.400 millones de euros).
La UE y los mercados
están preocupados porque Italia ya padece las consecuencias de la enorme
deuda pública de 2,3 billones de euros, que representa aproximadamente
el 131% de su PIB, la segunda más alta de la zona del euro después de
Grecia.
El comisario europeo para los
Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha multiplicado sus pedidos de
diálogo, con la esperanza de llegar a un "compromiso".
Pese a ello el ministro
del Interior y hombre fuerte del gobierno, Matteo Salvini, líder de la
Liga, convocó una manifestación de protesta en diciembre para pedir
"pacíficamente" a los "caballeros de Bruselas que nos dejen trabajar,
vivir y respirar".
Según Lorenzo Codogno, fundador de la firma LC
Macro Advisors, "la comisión cumplirá el primer paso para llevar a
Italia hacia el procedimiento de déficit excesivo (EDP) cuando divulgue
una actualización del informe sobre la deuda el 21 de noviembre",
explicó.
Para finales de enero Italia entrará en el procedimiento
de déficit excesivo y cuenta con un plazo de tres a seis meses para
preparar el plan de corrección lo que le permitirá participar en las
elecciones europeas sin obstáculos, aseguró el economista.
"No va a pasar nada antes de la elección de la nueva Comisión Europea" en otoño del 2019, recalcó.
Según Codogno, serán los mercados financieros "como de costumbre", los verdaderos guardianes de la disciplina presupuestaria.
Desde
mediados de mayo, el diferencial entre la tasa de endeudamiento
italiana y la alemana, el llamado 'spread', oscila en torno a los 300
puntos básicos, contra 130 de media en los primeros cuatro meses del
año.
Según el Banco Central de Italia, esto representa un costo
adicional de 1.500 millones de euros en intereses durante seis meses.
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