A la primera
ministra británica, Theresa May, no le ha gustado en absoluto uno
de los puntos exigidos por la Unión Europea en torno a Irlanda del
Norte para abrir las negociaciones formales de salida del Reino
Unido. Con su rechazo, May trata de cerrar el paso a una posible
crisis constitucional, que afectaría al futuro de Irlanda del
Norte como parte del Reino Unido.
El
debate tuvo lugar horas después de que el negociador de la Unión para
la salida del RU, Michel Barnier, diese a conocer en un documento de 120
páginas los términos en que espera que se produzca el tratado de
salida, alegando que del texto ofrecido “no se debía esperar ninguna
sorpresa” puesto que contenía los términos ya acordados en las
negociaciones entre las dos partes en diciembre pasado. A la vista de la
agitada sesión de la tarde en la Cámara de los Comunes, parece que todo
el mundo se ha hecho de nuevas.
La propuesta concreta referente a Irlanda es la creación de un “área
regulatoria común” entre la isla de Gran Bretaña y el conjunto de la
isla de Irlanda, por el que Irlanda del Norte permanecería unida a la
República de Irlanda en términos de transacciones comerciales, y
conservaría algunas de las normas europeas en materia agrícola y
energética. Se trata, en concreto, de un área sin fronteras internas en
la que el libre tránsito de mercancías esté garantizado, como parte de
una Unión Aduanera.
Lo más fervientes ‘brexiteers’ del partido de May se mostraron de
inmediato desconfiados de esta propuesta como un intento de unificación
de Irlanda por la puerta de atrás. Si el proyecto entrase en vigor,
advirtió May, “minaría el mercado común británico y la integridad
constitucional del Reino Unido”.
Muchos conservadores y los diputados del Partido Unionista
Democrático de Irlanda del Norte ven en esta solución la creación de una
frontera aduanera y reglamentaria en el mar de Irlanda, entre las dos
grandes islas. Ningún primer ministro del Reino Unido puede aceptar “el
área regulatoria común”, puntualizó May.
Esta solución es la alternativa a otra, igualmente rechazada por
Londres: el establecimiento de una frontera ‘dura’ entre la República de
Irlanda y el Ulster, inconveniente para esta provincia porque
lesionaría sus intereses comerciales, y para la República de Irlanda,
porque la alejaría de la población partidaria de la unificación de su
isla.
El punto muerto a que parece haber llegado la negociación entre el RU
y la UE no puede sino alarmar a otros territorios de aquel estado. En
el referéndum sobre la independencia de Escocia, del 2014, el 55% votó
por permanecer. Un gran incentivo para votar no a la separación fue la
seguridad de que el Reino seguiría formando parte de la UE, mientras que
la independencia supondría su salida, al menos temporal.
Después del referéndum sobre el Brexit, el gobierno escocés pidió a
Londres que negociase la permanencia del RU en el mercado único. Esta
fue una de las opciones que más pronto quedó eliminada, debilitando así
los deseos de mantenerse unidos al Reino.
La siguiente oferta británica, de llegar a una unión aduanera con
Europa después del Brexit, fue recibida con frialdad por las fuerzas
políticas escocesas, y la primera ministra, Nicola Sturgeon, advirtió
que el cambio del status quo escocés respecto de la UE justificaría un
nuevo referéndum de independencia, que se celebraría en 2018 o 2019.
Otro resultado no deseado del Brexit es que Irlanda del Norte
perdería 320 millones de libras en subsidios de la UE, y otros
cincuenta millones como fondos para la paz entre las dos comunidades
enfrentadas. El anterior primer ministro irlandés, Enda Kenny, ofreció
al Ulster el pasado año permanecer en la UE, si se unificase con la
República.
Quedan por evaluar las consecuencias que el Brexit tendrá sobre la
colonia de Gibraltar. Sufrirán sin duda los servicios que tienen allí su
base, y quizás sus escasas exportaciones de mercancías. El gobierno
español debe ponderar el efecto del Brexit sobre la gran población
británica asentada en España y sobre los miles de trabajadores del Campo
de Gibraltar que trabajan todos los días dentro del Peñón.
Los británicos se metieron en un buen lio al convocar un referéndum
sobre la UE. De momento no saben cómo atender los frentes irlándés y
escocés, así como en el seno del propio partido conservador. Este
miércoles, el ex primer ministro John Major, pro-UE, reclamó más poderes
para el parlamento sobre el Brexit, en lo que muchos de sus compañeros
de partido entendieron como una forma de desautorizar las negociaciones
de May para la salida del Reino Unido.
(*) Periodista español
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