BERLÍN.- El ministro alemán de Economía, Peter Altmaier, se comprometió hoy a implicar al ámbito económico en la reapertura gradual de la vida pública a partir de marzo, así como a agilizar las ayudas a empresas y autónomos afectados por el cierre.
"Hay que lograr una estrategia clara para salir de la situación actual", admitió Altmaier, tras la reunión mantenida con representantes de 40 organizaciones empresariales, en medio de las críticas de diversos sectores por la falta de un plan de reapertura.
"Las ayudas son necesarias, pero por sí solas no salvarán la existencia de cientos de miles de empresas", apuntó el presidente de la Asociación del Comercio, Josef Sanktjohanser.
La supervivencia del sector turístico "está en juego" y los mecanismos de ayuda no son una "solución duradera", indicó el presidente de la Federación de Turismo Alemán, Michael Frenzel.
Desde el inicio de la pandemia, el gobierno alemán articuló unos mecanismos de ayuda -con un monto de más 75.000 millones de euros hasta el pasado diciembre- para compensar la caída de facturación y costes a empresas y autónomos afectados por los cierres. A esta fórmula se suma la jornada reducida subvencionada para evitar los despidos masivos.
Altmaier está bajo fuertes presiones por los retrasos en los pagos de estas ayudas desde el pasado noviembre. La canciller, Angela Merkel, ha lamentado esa situación, que según el ministro ha empezado a subsanarse este febrero con el cobro de los atrasos.
La llamada "cumbre económica" coincidió con el debate abierto por algunos poderes regionales, que el pasado fin de semana advirtieron de que probablemente en la próxima Semana Santa tampoco podrá contarse con unas vacaciones normales, ni siquiera dentro del país.
Altmaier se comprometió a incluir a representantes de los sectores implicados en las deliberaciones que tendrán lugar el próximo 3 de marzo entre Merkel y los poderes regionales para abordar la situación de la pandemia y los pasos a seguir.
En la última reunión entre la canciller y los "Länder" -estados federados- se acordó prolongar el cierre de la vida pública hasta el 7 de marzo. Desde noviembre está cerrada la restauración, el ocio y la cultura, a lo que se sumó en diciembre el comercio no esencial.
Merkel aclaró posteriormente que se puede plantear una reapertura gradual de la vida pública, empezando por museos, galerías y comercios de dimensiones reducidas, cuando la incidencia semanal de contagios se sitúe de forma estable por debajo de los 35 casos por 100.000 habitantes -este nivel se sitúa ahora en los 58,7 positivos; el pico se registró el 22 de diciembre, con 197,6 casos semanales-.
Desde los sectores afectados se exige un plan vinculante para llevar adelante esta reapertura.
El sector turístico está entre los más castigados por la situación. En la Semana Santa de 2020 quedó prácticamente suspendida toda su actividad; hacia junio se reactivó el turismo, al levantarse gradualmente las restricciones a los viajes al extranjero, pero con la segunda ola de contagios volvió a quedar prácticamente cerrado.
A esa situación se sumó ahora la implantación de controles fronterizos con Austria y República Checa. Desde el pasado domingo solo pueden ingresar en el país los ciudadanos alemanes, con residencia en el país y trabajadores trasnacionales o de sectores esenciales que deben presentar además una pcr negativa reciente.
Sí se garantiza el paso de transportistas, pero los atascos que se generan en esos controles han desatado las críticas de sectores como la poderosa automoción, que teme por la llegada de suministros y alerta de que puede paralizarse la cadena de producción.
A las críticas de estos sectores se unen las de los países vecinos y de la Unión Europea (UE), que acusan a Alemania de decidir, de facto, el cierre unilateral de sus fronteras.
Berlín argumenta que el objetivo es frenar la propagación de las nuevas variantes de coronavirus. El Tirol austríaco, la República Checa y Eslovaquia han quedado clasificados por las autoridades alemanas en un nivel de riesgo por mutaciones similar al de Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, Portugal e Irlanda, a cuyos ciudadanos se les veta el ingreso en el país desde final de enero.
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