PEKÍN.- La polémica ley de seguridad que el
Gobierno chino está ultimando para Hong Kong incluye el establecimiento
de una "comisión para la defensa de la seguridad nacional" que se
encargará de perseguir todas las actividades irregulares comprendidas en
esta nueva y polémica normativa, entre ellas las consideradas como
"secesión", "subversión" o "terrorismo", que Pekín tiene previsto
aprobar en julio a pesar de la ola de críticas de la oposición local.
Esta ley, hay que recordar, supercede por completo a la normativa
de Hong Kong estipulada por el propio Congreso del territorio, cuyo
órgano ejecutivo ha sido incapaz de aclarar los detalles de la normativa
y ha remitido constantemente a las autoridades de Pekín para cualquier
duda al respecto, alegando falta de información.
Los detalles de la ley se han recogido en el sumario del pleno
celebrado durante los últimos tres días por el Comité Permanente del
Politburó del Partido Comunista chino, que abre este apartado con
asegurando que la ley de seguridad nacional "respetará y protegerá los
Derechos Humanos" acorde con la normativa local de Hong Kong, antes de
advertir de que el poder último de interpretación reside descansará
precisamente sobre el propio comité.
En lo que se refiere a la comisión, este organismo, que tendrá una
sede física en el territorio, se encargará de "supervisar, dirigir y
coordinar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno local hacia
la seguridad nacional" cuando perciba los delitos anteriormente
mencionados.
Los disidentes hongkoneses, que desde el año pasado han emprendido
protestas multitudinarias lo que consideran como una injerencia de
Pekín en la independencia parcial de la que disfrutan como parte de las
condiciones de devolución pactadas por Reino Unido con China, temen
quedar jurídicamente indefensos si se les aplican estos cargos.
Asimismo, esta comisión se encargará de "recopilar cualquier tipo
de información de inteligencia relevante a los intereses de seguridad
del territorio, en colaboración con la Judicatura de Hong Kong" para
gestionar "los casos que afecten a la seguridad nacional".
Estos casos serán instruidos por magistrados elegidos por la jefa
ejecutiva del territorio, Carrie Lam, completamente subsirviente a los
poderes centrales de Pekín.
El Comité Permanente del Partido Comunista dará el espaldarazo a
la ley con vistas a su aprobación y entrada en vigor definitivas para el
1 de julio, cuando se cumplirán 23 años de la devolución del territorio
a China por parte de Reino Unido, su antigua potencia colonial, en
1997.
Además, la ley tampoco descarta la extradición a la China
continental de cualquier detenido por esta normativa, en lo que
supondría la recuperación de los términos de una pasada legislación,
ahora suspendida, que precisamente provocó el año pasado la mayor ola de
protestas vista en Hong Kong desde que adquirió su estatus actual, ha
explicado el delegado hongkonés del Comité Permanente del partido, Tam
Yiu Chung.
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