MADRID.- El Gobierno español de coalición aprobó el viernes dos gravámenes que
se tramitarán paralelamente a los presupuestos del Estado y que
pretenden captar un total de 1.800 millones de euros, anunció el martes
la ministra de Hacienda y portavoz gubernamental, María Jesús Montero.
“Hay que avanzar a una fiscalidad propia del siglo XXI que se adapte a
la globalización en un mundo cada vez más digitalizado”, dijo en la
rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El impuesto a
determinados servicios digitales busca gravar los ingresos de grandes
empresas tecnológicas como Google, Amazon y Facebook, y aportar a la
Hacienda pública unos 968 millones de euros.
Esta cifra es menos
ambiciosa que la pretendida inicialmente por los socialistas, de 1.200
millones de euros, debido al enfriamiento de la economía internacional.
Además, no se cobrará hasta finales de año para dar tiempo a las
negociaciones internacionales sostenidas en el marco de la OCDE sobre la
fiscalidad de las grandes empresas tecnológicas mundiales, explicó
Montero.
La popularmente conocida como “tasa Google”, que los
socialistas han incluido en su agenda desde hace tiempo, propone un tipo
del 3% a las empresas que operan a través de Internet con ingresos
globales superiores a los 750 millones de euros (811,05 millones de
dólares) al año y una facturación superior a los 3 millones en
territorio español.
Europa ha presionado durante mucho tiempo
para que las grandes empresas de tecnología que hacen negocios en
Internet paguen impuestos donde venden sus servicios, en lugar de
hacerlo en paraísos fiscales elegidos deliberadamente.
Los
políticos de la UE, que buscan fondos para prevenir el cambio climático
y disminuir las diferencias económicas en el bloque de 27 países, están
contrariados porque una empresa como Google, con ingresos anuales de
más de 160.000 millones de dólares, disfruta de un gravamen de un solo
dígito.
Frustrados ante la falta de progreso global debido a la
oposición de Estados Unidos, donde estos gigantes de la tecnología
tienen su sede, algunos países como Francia introdujeron su propio
impuesto digital el año pasado, pero el gobierno de Emmanuelle Macron
dio rápidamente marcha atrás ante la amenaza de aranceles comerciales
por parte del Gobierno de Donald Trump.
Montero restó
importancia a la posibilidad de medidas de represalia por parte de EEUU,
país con el que se mantiene una relación “fluida” y que está al tanto
de los planes del Gobierno español.
Montero también comunicó la aprobación del impuesto sobre transacciones financieras, otra propuesta ya conocida del PSOE.
El
gravamen impone un tipo del 0,2% a la compra de acciones de empresas
españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones
de euros.
La conocida como “tasa Tobin” se aplica en línea con las recomendaciones
de Bruselas, afecta a unas 60 empresas y su recaudación prevista es de
850 millones euros.
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